Desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, al menos nueve migrantes han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según informó su director interino, Todd Lyons, ante el Congreso estadounidense.
El gobierno republicano insiste en que su política migratoria se enfoca en “criminales peligrosos”, como pandilleros y narcotraficantes. Sin embargo, legisladores demócratas y organizaciones defensoras de derechos humanos denuncian una realidad muy distinta: detenciones arbitrarias, discriminación y condiciones inhumanas.
Durante una sesión del Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes, la congresista Verónica Escobar desmintió el discurso oficial de ICE, afirmando que los detenidos incluyen “estudiantes con estatus legal, sin antecedentes penales, y personas con visas”.
“Esto no es propio de una república democrática. Es un patrón típico de una policía autoritaria”, sentenció Escobar.
La congresista Lauren Underwood también cuestionó a Lyons, señalando que su agencia ha perdido vidas humanas bajo su vigilancia. Lyons reconoció que ya son nueve las personas muertas bajo su custodia desde enero, cuando Trump asumió la presidencia.
ICE terceriza sus operaciones de detención a empresas privadas, incluidas funciones clave como el transporte, la atención médica y la alimentación. Esto ha generado severas críticas por convertir la detención migratoria en un negocio millonario, a menudo con prácticas documentadas de abuso.
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“Lo que ocurre en estos centros privados son abusos a los derechos humanos”, denunció Escobar. Hacinamiento, negligencia médica, falta de baños y mala alimentación son algunas de las condiciones que persisten en estos espacios, según testimonios y reportes oficiales.
Lyons aseguró que su agencia actúa con “transparencia” y que se investigan todas las muertes mediante la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE y autoridades locales. Además, defendió a su institución al declarar que “ICE tiene algunos de los estándares de detención más altos”, afirmación que ha sido severamente refutada por defensores de derechos humanos.
Fotografía: Redes
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