Por Patricio Herman<\/strong>\u00a0<\/p>\n El canal de televisi\u00f3n del Estado, con nombre TVN<\/em><\/strong>, recientemente en un extenso reportaje, con informaci\u00f3n que le entreg\u00f3 un denunciante an\u00f3nimo, dej\u00f3 en evidencia que Javier Etcheberry<\/strong>, director del Servicio de Impuestos Internos<\/strong> (SII), no pag\u00f3 por varios a\u00f1os las contribuciones de sus viviendas localizadas en un condominio cerrado y privado de la comuna de Paine<\/strong>, sin indicarse que el predio de 5.000 m2 en donde se emplazan esas casas-habitaci\u00f3n es rural<\/a>.<\/p>\n El acusado por ese medio de prensa se\u00f1al\u00f3 que, por error del mismo SII<\/strong>, no pag\u00f3 ese impuesto, pero como la periodista que lo entrevist\u00f3 carec\u00eda de los conocimientos t\u00e9cnicos necesarios para formularle las preguntas que correspond\u00edan, a continuaci\u00f3n se\u00f1alamos algunas materias atingentes, teni\u00e9ndose en cuenta que ese predio se origin\u00f3 aplic\u00e1ndose el DL 3.516 del a\u00f1o 1980, que no admite la construcci\u00f3n de viviendas, sino tan solo subdivisiones en predios r\u00fasticos para actividades agr\u00edcolas, ganaderas y forestales. El 20\/07\/2022 se public\u00f3 en el Diario Oficial<\/em><\/strong> la Ley N\u00b021.458 que modifica las normas sobre las subdivisiones de predios r\u00fasticos para garantizar el acceso a espacios p\u00fablicos y caminos CORA<\/strong> (ex Corporaci\u00f3n de la Reforma Agraria<\/strong>).\u00a0<\/p>\n Los lectores deben saber que, conforme a la ley vigente, fuera de los l\u00edmites urbanos establecidos en los planes reguladores no est\u00e1 permitido abrir calles, subdividir para formar poblaciones, ni levantar construcciones, salvo aquellas que fueren necesarias para la explotaci\u00f3n agr\u00edcola del terreno, o para las viviendas del propietario de esa explotaci\u00f3n y de sus trabajadores. Quien debe fiscalizar que se cumpla lo anterior es la Seremi de Vivienda<\/strong> de las 16 regiones del pa\u00eds, y cuando sea necesario subdividir y urbanizar terrenos rurales para complementar alguna actividad industrial con viviendas, dotar de equipamiento a alg\u00fan sector rural, o habilitar un balneario o campamento tur\u00edstico, se requerir\u00e1 la aprobaci\u00f3n de organismos del Ministerio de Agricultura<\/strong>.<\/p>\n Tambi\u00e9n en estos predios rurales est\u00e1 admitida la construcci\u00f3n de conjuntos habitacionales de viviendas sociales o de viviendas de hasta un valor de UF 1.000, que cuenten con los requisitos para obtener el subsidio del Estado. Asimismo, las construcciones industriales, de infraestructura, de equipamiento, turismo, y poblaciones, fuera de los l\u00edmites urbanos, requerir\u00e1n previamente a la aprobaci\u00f3n correspondiente de la Direcci\u00f3n de Obras Municipales<\/strong> (DOM), del informe favorable de las Seremis de Vivienda y Agricultura y del Servicio Agr\u00edcola y Ganadero<\/strong> (SAG). El mismo informe ser\u00e1 exigible a las obras de infraestructura de transporte, sanitaria y energ\u00e9tica que ejecute el Estado o los privados concesionarios.<\/p>\n Dado que el DL 3.516 es muy restrictivo, su art\u00edculo 2\u00b0 expresa que\u00a0\u00abquienes infringieren lo dispuesto en el presente decreto ley, aun bajo la forma de comunidades, condominios, arrendamientos o cualquier otro cuyo resultado sea la destinaci\u00f3n a fines urbanos o habitacionales de los predios se\u00f1alados en el art\u00edculo primero, ser\u00e1n sancionados con una multa a beneficio fiscal, equivalente al 200% del aval\u00fao del predio dividido\u00bb\u00a0<\/em><\/p>\n Su art\u00edculo 3\u00b0 es m\u00e1s draconiano pues dice\u00a0\u00ablos actos y contratos otorgados o celebrados en contravenci\u00f3n a lo dispuesto en el presente decreto ley ser\u00e1n absolutamente nulos, sin perjuicio de las dem\u00e1s sanciones que procedan en conformidad a la ley. Corresponder\u00e1 a las Secretar\u00edas Regionales Ministeriales de la Vivienda y Urbanismo, a los Servicios Agr\u00edcolas que correspondan y a las Municipalidades respectivas, fiscalizar el cumplimiento de lo dispuesto en el presente decreto ley\u00bb<\/em>.<\/p>\n Finalmente, el Consejo de Defensa del Estado<\/strong> (CDE), a requerimiento de cualquiera de los organismos se\u00f1alados, ejercer\u00e1 las acciones de nulidad que fueren procedentes; pero como estamos en Chile <\/strong>estos cuerpos normativos no se cumplen y por ello los millones de infractores -personas naturales y jur\u00eddicas-\u00a0de la Ley General de Vivienda y Urbanismo<\/em> (LGUC) y del DL 3.516 siempre pueden dormir muy tranquilos, incluy\u00e9ndose a este columnista y al ex director del SII, quien ha informado que pagar\u00e1 el total de las contribuciones adeudadas, luego renunciando a la prescripci\u00f3n fijada por ley.<\/p>\n En todo caso nos ha llamado la atenci\u00f3n que en las distintas notas de prensa que se han publicado, solo se haya aludido a la morosidad en el pago de las contribuciones de Etcheberry y no a la vulneraci\u00f3n de las normas territoriales aqu\u00ed expresadas, raz\u00f3n por la cual ya le hemos solicitado una audiencia a Carolina Saravia<\/strong>, subdirectora de Fiscalizaci\u00f3n <\/strong>del SII, para que el gobierno de Boric<\/strong>, con las modificaciones legales necesarias, impida a futuro la violaci\u00f3n a la LGUC y al DL 3.516, entendi\u00e9ndose que las viviendas ya existentes en predios rurales son hechos consumados.<\/p>\n Por Patricio Herman<\/strong><\/p>\n 21 de julio de 2025<\/p>\n Sigue leyendo:<\/p>\n Si deseas publicar tus columnas en\u00a0El Ciudadano<\/em><\/strong>, env\u00edalas a:\u00a0 [email\u00a0protected]<\/a><\/p>\n<\/div>\n![\"\"](\"https:\/\/www.elciudadano.com\/wp-content\/uploads\/2024\/12\/Patricio-Herman-e1728769059380-edited.jpeg)
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