Se dictaron penas de hasta ocho meses de cárcel para quienes difundieron teorías falsas sobre la identidad de género de la primera dama.
Este lunes 5 de enero el Tribunal Correccional de París declaró culpables a diez personas tras una masiva campaña de desinformación y ataques digitales contra Brigitte Macron. La sentencia llega tras años de hostigamiento en redes sociales, donde los acusados promovieron el rumor de que la esposa del presidente francés «nació hombre», cuestionando su vida privada de forma degradante.
El fallo judicial estableció condenas que varían según el nivel de implicación, incluyendo multas, cursos de sensibilización obligatorios y penas de prisión. En esa línea, la justicia francesa determinó que no se trató de una discusión política, sino de una voluntad deliberada de dañar la integridad de la primera dama mediante el uso de términos «maliciosos e insultantes».
La investigación confirmó que las teorías conspirativas sobre la supuesta transexualidad de la primera dama buscaban desestabilizar su entorno familiar. Brigitte Macron declaró ante la prensa que «no tocarán mi historia familiar, con eso no se juega», enfatizando que el acoso llegó al punto de afectar la salud y la tranquilidad de sus propios hijos y nietos.
Ante el resultado de la sentencia, el galerista Bertrand Scholler mostró su rechazo, calificándola como un golpe a la democracia: «Es una decisión que dicta que, si lo que dices resulta desagradable para el poder, te condenarán», afirmó, sosteniendo además que actualmente en Francia la libertad de expresión se encuentra bajo una restricción peligrosa.
Por su parte, el abogado de la familia presidencial, Jean Ennochi, valoró el resultado como un precedente necesario contra la violencia digital. En su opinión, lo fundamental es la suspensión de las cuentas utilizadas para el acoso, ya que los acusados utilizaron su influencia en redes para amplificar mentiras que circularon globalmente desde la elección de Macron en 2017. Mientras los jueces insisten en que los condenados no podían ignorar el daño que causaban, los críticos del fallo aseguran que se está «matando la posibilidad de la verdad» al prohibir el cuestionamiento de figuras públicas. El caso expone la tensión entre la libertad de opinión y el derecho a la vida privada en la era digital y las crecientes fakes news.
