Por Catalina Barrios Benavente
El proyecto Embalse Zapallar es una megaobra de infraestructura hídrica impulsada por el Estado que busca represar el río Diguillín, en la Región de Ñuble, con el objetivo de acumular agua para riego agrícola.
La iniciativa se emplaza en el valle del Diguillín y contempla la construcción de un embalse de gran escala, junto a una red de canales de distribución que atravesaría distintas comunas de la región.
La Comisión de Evaluación Ambiental (CEA) de la Región de Ñuble rechazó este viernes 9 de enero el recurso de invalidación presentado contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto Embalse Zapallar, manteniendo vigente su aprobación ambiental y permitiendo que la iniciativa continúe su tramitación.
La decisión se tomó tras una sesión extraordinaria, pese a las observaciones levantadas por organizaciones socioambientales y comunidades del territorio afectado.
El proyecto, impulsado por el Estado como parte de su política de infraestructura hídrica, ha sido cuestionado por sus impactos sociales, ambientales y por vacíos relevantes en su evaluación.
En el plano social, el embalse contempla la inundación de tierras campesinas y el desplazamiento de familias del valle del río Diguillín, afectando economías locales, formas de vida rurales y el arraigo territorial de comunidades que dependen históricamente del río.
A esta situación se suma un elemento crítico: la inexistencia del Estudio de Impacto Ambiental de los canales de distribución, infraestructura esencial para la operación del embalse y que justificaría su construcción.
Dicho estudio acumula más de cuatro años de retraso y aún no ha sido presentado, manteniendo en total incertidumbre a comunidades de las comunas de San Ignacio y El Carmen, que serían directamente impactadas por esta red de canales.
Desde el territorio, las comunidades organizadas cuestionan que el proyecto avance sin una evaluación integral.
Valentina Ibarra, representante del Comité Unión Diguillín, señaló que la decisión de la Comisión “vuelve a dejar a las comunidades en una situación de total desprotección, ya que el proyecto avanza sin hacerse cargo de los impactos reales que tendría sobre las familias campesinas y el río. Seguiremos dando esta pelea porque no se trata solo de un embalse, sino de la defensa del territorio, del agua y de nuestra forma de vida”.
En el ámbito ambiental, el Embalse Zapallar implicaría la inundación de cerca de 400 hectáreas, incluyendo bosque nativo y sectores del corredor biológico Nevados de Chillán – Laguna del Laja, reconocido como Reserva de la Biósfera. La pérdida de hábitat y la alteración de la dinámica natural del río Diguillín generarían impactos significativos sobre la biodiversidad del territorio, que organizaciones socioambientales consideran irreversibles.
Tras la votación, Ricardo Frez, abogado de la ONG Defensa Ambiental y representante legal del Comité Unión Diguillín, señaló que el resultado era esperable, dado el carácter político de la instancia.
“Este es un proyecto del Estado, por lo que no esperábamos que el Estado rechazara su propio proyecto. Este rechazo es un paso necesario para llegar al Tribunal Ambiental, una instancia mucho más técnica y objetiva, donde esperamos una revisión profunda de los impactos reales y de las falencias que hemos denunciado durante años”, afirmó Frez.
Desde las organizaciones recalcan que el conflicto está lejos de cerrarse. La mantención de la RCA sin una evaluación ambiental completa del proyecto – incluyendo los canales de distribución – refuerza, advierten, un modelo de gestión del agua que prioriza grandes obras por sobre la protección de los ecosistemas y los derechos de las comunidades rurales.
Las comunidades y organizaciones anunciaron que continuarán la disputa, llevando el caso ante el Tribunal Ambiental, mientras insisten en la necesidad de una evaluación ambiental integral, transparente y con participación efectiva de los territorios afectados.
El Ciudadano
