A solo días de que José Antonio Kast presentara el denominado «Plan de Reconstrucción Nacional» para las zonas afectadas por los incendios forestales en la zona centro-sur, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT), acusó al republicano de utilizar la emergencia como una «fachada» para implementar una agenda de corte neoliberal que beneficia a los grandes grupos económicos en desmedro de la clase trabajadora.
El plan presentado el pasado fin de semana, que contempla una inyección de recursos por cerca de US$ 1.000 millones y más de 40 medidas, incluye polémicas disposiciones como la rebaja del impuesto corporativo, la limitación de la gratuidad universitaria a mayores de 30 años y el fortalecimiento del cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
En la ocasión, Kast reconoció que algunas medidas de su Gobierno serán impopulares, pero las justificó diciendo que son necesarias para alcanzar un equilibro fiscal.
Reconstrucción como «fachada» para la ganancia empresarial
El núcleo de la crítica de la CUT se centra en el componente tributario del proyecto oficialista. Lejos de ver en las medidas un alivio para los damnificados, la central sindical denunció una operación política para reconfigurar la carga fiscal en favor del capital.
A través de una declaración, la CUT sostiene que el gobierno de Kast utiliza «la tragedia como una ventana de oportunidad para implementar una reforma tributaria». En particular, el sindicato apunta a dos medidas concretas: «la rebaja del impuesto corporativo del 27% al 23% y la eliminación del impuesto a las ganancias de capital».
Para la multigremial, estos cambios no tienen relación con la reconstrucción de viviendas o la recuperación de las zonas siniestradas. En el texto plantean que estos beneficios tributarios «no son medidas de alivio social, sino son un regalo directo a las grandes empresas para asegurar que, incluso en crisis, sus utilidades sigan creciendo a costa del presupuesto público» .
Otro de los ejes del rechazo sindical apunta a las políticas laborales anunciadas en el plan, específicamente el subsidio al empleo. El gobierno del republicano ha planteado un mecanismo donde el Estado asumiría parte de los costos laborales para incentivar la contratación.
Sin embargo, para la CUT este subsidio no es más que «una transferencia de recursos desde los impuestos de todas y todos los chilenos hacia la planilla de costos de los empresarios».
En su declaración, la central plantea que la medida se basa en «la socialización de los costos laborales para privatizar, una vez más, las ganancias», como parte de una profundización de las dinámicas de desigualdad, donde el riesgo y el gasto social se colectivizan, pero los beneficios permanecen en la esfera privada.
Uno de los puntos más sensibles del plan de Kast, y que ha concitado un amplio rechazo transversal, es la modificación al sistema de gratuidad universitaria . La propuesta del mandatario de extrema derecha busca limitar este beneficio a los estudiantes de hasta 30 años, excluyendo a los mayores de esa edad que deseen iniciar o continuar estudios superiores, y fortalecer los mecanismos de cobro del Crédito con Aval del Estado (CAE).
El propósito del republicano es incrementar la persecución financiera a deudores del CAE, bajo la supuesta necesidad de contener el gasto público y garantizar la sostenibilidad financiera del país.
La CUT interpreta esta medida como un acto de discriminación directa contra el mundo del trabajo.
En su declaración, el sindicato subraya que «dejar sin gratuidad universitaria a los mayores de 30 años es un acto de discriminación etaria y de clase».
La organización enfatiza el rol crucial que juega la educación en la vida de los trabajadores, quienes ven en ella «la única vía de reconversión y mejora salarial en su vida adulta».
Al cercenar esa posibilidad, la CUT acusa al gobierno de Kast de tomar la decicisón de «proteger el negocio bancario por sobre el derecho al conocimiento y el progreso de las familias trabajadoras» .
Desregulación: desmantelamiento de conquistas bajo la «permisología»
El plan oficialista también contempla un eje de desregulación administrativa y ambiental, bajo la premisa de agilizar la inversión y la reconstrucción. Sin embargo, la CUT advierte que este enfoque de «menos permisología» encubre un peligroso retroceso en derechos duramente conquistados por las comunidades y los trabajadores.
«Advertimos que la desregulación ambiental y administrativa propuesta no es más que el desmantelamiento de los estándares mínimos de protección que hemos conquistado», señala el texto.
La central vincula directamente esta desprotección con la seguridad de las personas y el medio ambiente, advirtiendo que «facilitar la inversión sin controles reales, es poner en riesgo la salud de las comunidades y la seguridad en los puestos de trabajo».
Asimismo, alerta que el objetivo de esta desregulación es acelerar «el retorno de inversión de los grandes proyectos extractivistas», priorizando la rentabilidad por sobre la vida y el bienestar social .
Emplazamiento al Congreso: no ser cómplices del «gato por liebre»
La declaración de la CUT culmina con diagnóstico en el que plantea que el denominado «Plan de Reconstrucción Nacional» no está diseñado «para las y los trabajadores ni sus familias, ni para los estudiantes ni las personas mayores», sino que está pensado en beneficiar a «los directorios de los grandes grupos económicos».
En consecuencia, la agrupación extendió un llamado a los parlamentarios a no validar lo que considera un engaño.
«Emplazamos al Congreso a no ser cómplices de este ‘gato por liebre’ y a legislar pensando en quienes sostienen el país con su esfuerzo diario, y no en quienes buscan lucrar con la crisis», sentencia el documento .
El llamado de la CUT se produce en medio de un clima de alta tensión política, donde sectores de la oposición ya han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional para frenar lo que consideran una vulneración de derechos conquistado por los chilenos, mientras que figuras del oficialismo, como el presidente del Partido Republicano Arturo Squella, defienden la iniciativa argumentando que busca «terminar con abusos» en el sistema .
La batuta, por ahora, queda en manos del Congreso, que deberá decidir si avala o frena el primer y muy cuestionado proyecto del gobierno de Kast.
