Por Ricardo Bustamante y Óscar Pereira
Casi 140 años han transcurrido desde la creación de las primeras organizaciones cooperativas en Chile. Fue en 1887 cuando en Valparaíso vieron la luz las cooperativas de consumo “La Esmeralda” y “La Valparaíso”, periodo que fue seguido en 1924 con la primera legislación nacional en la materia y la posterior irrupción de la Corfo, consolidando el avance y diversificación del cooperativismo en el país, llegando a sumar a fines de los años 60 un total de 4.500 cooperativas y 4,5 millones de socios.
A partir de entonces las cooperativas fueron perdiendo presencia, y en la actualidad suman un poco más de 2.000 entidades y dos millones de ciudadanos asociados. Y aunque se cuentan casos exitosos que perduran hasta hoy, la mayoría de las cooperativas enfrenta importantes debilidades en gobernanza, gestión y sostenibilidad.
La reciente creación del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC) por parte del Gobierno es un gran avance en la materia, sin embargo, sus funciones junto con las de la División de Asociatividad y Cooperativas (DAES) pueden responder de mejor manera a las necesidades del sector, así como su financiamiento debe ir más allá del mantenimiento institucional con el fin de ejecutar políticas concretas para el fortalecimiento de las cooperativas.
En el marco del Año Internacional de las Cooperativas, celebrado durante mayo en Santiago por Cepal y Cooperativas de las Américas, es que, desde Rumbo Colectivo, a través del proyecto Instrumentos de Transformación 2030, presentamos iniciativas de política pública que buscan el fortalecimiento del cooperativismo en vista de su rol productivo en regiones y zonas rurales (entre otras materias).
La primera propuesta es aumentar el financiamiento del INAC, estableciendo su actual glosa presupuestaria como un aporte estatal basal para su funcionamiento, junto con ello, la recaudación del Estado por medio del Decreto N°233 ($900 millones aproximados), debe ser destinada al Instituto, dotándolo de recursos para impulsar políticas de fortalecimiento, como iniciativas de asistencia técnica y capacitaciones, promover la incorporación de tecnología e innovación, así como facilitar la exportación o apertura de mercados, entre otros.
En segundo lugar, separar las funciones de DAES y el INAC, para que la primera se limite al registro y fiscalización y el segundo a fomentar y promover, evitando incentivos contradictorios en el cumplimiento de las funciones actuales de la DAES. Esta distribución de funciones ocurre en Uruguay, donde las cooperativas son fiscalizadas por su correspondiente ministerio, mientras la promoción y fomento queda en manos del respectivo instituto.
De esta forma, y en conjunto con la propuesta de financiamiento, el INAC tendría una infraestructura e incentivos para que las organizaciones crezcan en la medida en que esto aumenta su presupuesto, dando -a su vez- mayores capacidades para reinvertir en las cooperativas.
A medida que las cooperativas se fortalezcan se podrá observar una reducción en la informalidad laboral, especialmente en sectores rurales y precarizados, espacios donde empresas o iniciativas privadas no llegan, creando nuevos puestos de trabajo y ofreciendo mejores condiciones laborales. En este contexto, el cooperativismo no solo se verá como una alternativa viable frente a las estructuras tradicionales de negocios, sino como un pilar de crecimiento económico más inclusivo y sostenible para el país.
Ricardo Bustamante, Encargado de Comunicaciones de Rumbo Colectivo.
Óscar Pereira, Coordinador Semillero Chile Justo y Solidario, Instrumentos de Transformación 2030, Rumbo Colectivo.
Las expresiones emitidas en esta columna son de exclusiva responsabilidad de su autor(a) y no representan necesariamente las opiniones de El Ciudadano.
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