Organizaciones de Ñuble acusan que se está impulsando un megaproyecto insostenible: Embalse Zapallar amenaza ecosistemas y comunidades
El Ministerio de Obras Públicas (MOP) licitó la primera etapa del polémico Embalse Zapallar, un proyecto de 350 millones de dólares sobre el río Diguillín en Ñuble, destinado al riego agrícola. Sin embargo, organizaciones como el Movimiento Somos Diguillín y el Comité Unión Diguillín denuncian que la iniciativa, heredada del gobierno anterior, agravará daños socioambientales, excluye a las comunidades afectadas y carece de estudios clave pendientes desde 2021.
Las críticas apuntan a deficiencias en el Estudio de Impacto Ambiental, la omisión de alternativas sustentables y la opacidad en beneficios reales para pequeños agricultores. Además, exigen la publicación de informes turísticos y de canales ocultos, señalando que el proyecto contradice las promesas del «primer gobierno ecológico» de Chile.
Ante la licitación, las organizaciones reiteran su demanda de soluciones sostenibles y llaman a la ciudadanía a sumarse en la defensa del río Diguillín. «Defender el río es defender la vida», advierten. Para más detalles, consulte el comunicado completo
Comunicado público ante la licitación del proyecto Embalse Zapallar
El Embalse Zapallar es un megaproyecto impulsado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que busca construir una represa de gran escala directamente sobre el río Diguillín, en la Región de Ñuble. La iniciativa contempla una inversión pública de más de 350 millones de dólares, y está destinada principalmente al riego agrícola. Sin embargo, su diseño presenta graves impactos sociales, ambientales y territoriales, afectando directamente a comunidades rurales de las comunas de El Carmen, San Ignacio y Pinto, y comprometiendo el equilibrio ecosistémico de toda la cuenca del río Itata.
Ante el reciente llamado a licitación de la primera etapa del proyecto Embalse Zapallar y sus obras anexas, declaramos lo siguiente:
Desde el Movimiento Somos Diguillín, el Comité Unión Diguillín, organizaciones ciudadanas y personas que conocen el verdadero impacto que este proyecto tendría sobre nuestros territorios, recibimos esta noticia con profunda decepción. Nos parece inaceptable que el gobierno del Presidente Gabriel Boric insista en impulsar este megaproyecto heredado del gobierno anterior, más aún cuando se comprometió a liderar el primer gobierno ecológico en la historia de Chile.
Después de años de cuestionamientos, el gobierno sabe que:
- El titular del proyecto no respondió adecuadamente las observaciones realizadas por comunidades, profesionales y organizaciones científicas.
- El Estudio de Impacto Ambiental aprobado presenta graves deficiencias técnicas y de forma.
- Este es un proyecto incompleto: aún falta el Estudio de Impacto Ambiental de la red de canales, compromiso que el MOP ha postergado desde 2021 sin justificación.
- Existen alternativas de acumulación de agua más sustentables y con menor impacto socioambiental que han sido ignoradas.
- Las comunidades del territorio han sido sistemáticamente excluidas del proceso, incluso bajo esta administración.
Esta forma de avanzar, sin escuchar ni informar a las personas directamente afectadas, solo profundiza el desprecio institucional por las voces locales y contradice los principios de justicia ambiental y participación ciudadana.
Por todo lo anterior, exigimos:
- Priorizar embalses fuera del cauce del río, como el Embalse Coihueco, que lleva más de 50 años funcionando de forma eficiente y con impactos acotados.
- Entregar una fecha concreta para la presentación del Estudio de Impacto Ambiental de la red de canales, compromiso incumplido desde 2021, cuyo contenido sigue oculto a las comunidades.
- Hacer público el estudio turístico que justificaría el proyecto desde esa perspectiva: exigimos conocer la metodología utilizada y resultados que acrediten que visitantes nacionales e internacionales preferirían un embalse en lugar del ecosistema natural actual.
- Transparentar quiénes serán realmente los beneficiarios del proyecto, cómo se repartirá el agua, y qué pasará en los años en que el embalse no logre llenarse.
- Aclarar las consecuencias para pequeños agricultores que firmaron compromisos de reembolso y no puedan cumplir con el pago que les correspondería por la construcción y mantención del proyecto.
- Informar cómo se garantizará el uso de agua para consumo humano, sin que eso implique futuras modificaciones que agraven el impacto ambiental o social del proyecto.
Como organizaciones comprometidas con el cuidado de los territorios, reafirmamos nuestra voluntad de avanzar en soluciones reales, sostenibles y justas para el almacenamiento de agua. Exigimos que los recursos públicos se destinen a proyectos que respondan a criterios técnicos, ambientales y sociales, no a obras cuestionadas que ponen en riesgo nuestro ecosistema y formas de vida.
Hacemos un llamado a las comunidades de Ñuble y de todo el país a informarse, compartir, sumarse.
Porque defender el río Diguillín es defender la vida.
