Durante su reciente cuenta pública, el presidente Gabriel Boric indicó que espera que la Ley de Autorizaciones Sectoriales, más conocida como Ley de «Permisología» sea aprobada en el Congreso durante el transcurso de junio.
El proyecto estrella de su administración se encuentra en segundo trámite constitucional y tras pasar por la Comisión de Economía del Senado, en términos reglamentarios, deberá ser revisado por la comisión de Hacienda, para luego pasar a votación en Sala del Senado.
Concluida esta etapa, tendrá volver a ser revisado por la comisión de Economía de la Cámara de Diputadas y Diputados sólo respecto de aquellas modificaciones introducidas en el Senado. En caso de rechazarse algunas de estas modificaciones, una comisión mixta de ambas cámaras resolverá
específicamente sobre estos puntos.
La nueva ley hace referencia a la «permisología», un término que en nuestro país se relaciona con la complejidad y lentitud de los procedimientos para la aprobación de proyectos, especialmente en aquellos vinculados a sectores como minería, forestal y construcción, entre otros.
Por lo general, se emplea en debates políticos y económicos con la finalidad de criticar la rigidez administrativa y burocrática que frena el desarrollo de propuestas y ahuyenta la inversión.
Según lo recogido por la Biblioteca del Congreso Nacional, la «permisología» se relaciona con el «conjunto de permisos que deben obtenerse para realizar un proyecto de inversión».
Desde La Moneda argumentan que Ley de Autorizaciones Sectoriales apunta a optimizar y reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos que no forman parte del Sistema de Evaluación Ambiental (SEA), y además apuesta por una simplificación y modernización de los procesos administrativos.
Esta iniciativa forma parte del paquete normativo compuesto también por la reforma a la
institucionalidad ambiental y la ley de administración del borde costero y concesiones marítimas, las cuales buscan flexibilizar y destrabar la aprobación de proyectos en aras de atraer inversiones.
De hecho, durante la cuenta pública, el presidente Gabriel Boric indicó que «los proyectos de inversión no se desarrollarán a todo su potencial si no logramos modernizar y acelerar la tramitación de permisos».
Planteó que «los diagnósticos al respecto han sido muchos, pero la verdad es que ningún gobierno había asumido la construcción de una solución a cabalidad».
Ante este escenario, destacó que su administración se encuentra “avanzando decididamente en esta dirección» y que «estamos a semanas de aprobar una reforma que crea un nuevo sistema para los permisos sectoriales, más rápido, simple y transparente para las inversiones grandes y pequeñas».
Asimismo, subrayó que este proyecto permitirá reducir los tiempos de tramitación entre un 30% y un 70%.
«Aceleraremos, hospitales, data centers, industrias, pero también las pequeñas inversiones, que cuando se
suman hacen grande a nuestra economía. Por ejemplo, los trámites para ampliar un restaurante pasarán de demorar ocho meses a dos meses y medio», dijo ante el Congreso.
Según el jefe de Estado esta nueva legislación «por ningún motivo bajará los estándares regulatorios, porque estos existen para proteger a las personas y el medioambiente».
«Chile necesita crecer y debe hacerlo con justicia social. El crecimiento económico se transforma en desarrollo propiamente tal cuando hay distribución justa de la riqueza y el bienestar alcanza a todos y todas», puntualizó.
Insistencia de Boric en Ley de «Permisología» reaviva tensión con ambientalistas
La insistencia del presidente Boric en impulsar la aprobación de la Ley de Autorizaciones Sectoriales, reavivó las tensiones con los ambientalistas que han advertido que este proyecto se ampara en la «permisología» y la necesidad de simplificar trámites y «agilizar la inversión», para desmantelar los controles públicos que tienen como objetivo proteger al medio ambiente, pero que estorban al empresariado.
Alejandra Parra Muñoz, Master en Planificación de la Universidad de Otago, bióloga en Gestión de Recursos Naturales y cofundadora de la Red de Acción por los Derechos Ambientales, ha sido una de las expertas que ha levantado su voz en contra de la nueva Ley de «Permisología».
En conversación con El Ciudadano planteó que «es una lástima que el presidente Boric se haya olvidado totalmente de sus promesas de campaña, de ser un gobierno ecologista, y en lugar de eso haya abrazado la agenda de los grandes empresarios que son los mismos que harán todo lo posible porque el Frente Amplio pierda las próximas elecciones».
A juicio de la también coordinadora de la Alianza Basura Cero Chile y asesora en Plásticos y Basura Cero para la Alianza Global por Alternativas a la Incineración (GAIA), la «adopción de la agenda de permisología por parte del gobierno de Boric es realmente un golpe de Estado solapado».
Advirtió que el hecho de que los proyectos de inversión «se desarrollen a todo su potencial para nuestros territorios significa destrucción y sometimiento, porque los inversores no tienen respeto ni por el medio ambiente ni por los derechos humanos, ni por los valores democráticos ni por la salud de las personas».
La académica y activista medio ambiental planteó que acelerar la tramitación de permisos sin una correcta evaluación, «es luz verde para que quien tenga dinero haga lo que quiera».
«Quien quiera talar bosque nativo, construir sobre humedales, apropiarse de espacios costeros, construir vertederos, extraer áridos, intervenir cauces de ríos, podrá hacerlo sin pasar por ningún procedimiento de revisión y solo firmando una declaración jurada», explicó.
Parra alertó que la presión que significará para los funcionarios públicos, «el tener que revisar permisos en tiempo récord antes de que el inversor pida aprobación por silencio administrativo o firme una declaración jurada, precarizará aún más la función pública que es la única barrera institucional que hoy permite que las inversiones se desarrollen con un mínimo resguardo al medio ambiente y los derechos de las comunidades locales».
«Los territorios desde donde una vez miramos con esperanza la elección de Gabriel Boric como la posibilidad de tener instituciones que nos protejan, hoy sentimos mucha rabia y desconfianza, sobre todo desconfiamos de las precandidaturas oficialistas que sin importar las promesas que hagan, este precedente nos indica que lo más probable es que no las cumplirán», expuso.
Por su parte, la politóloga y Magister en Sociología, Pamela Poo, indicó que el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales es una iniciativa que se transformó en la desregulación ambiental.
«Muchos proyectos no son evaluados por estudio o declaración de impacto ambiental y se construyen a través de la solicitud de permisos sectoriales. El cambio que plantea el proyecto es que estos permisos se entreguen por una declaración jurada en donde el proponente indica que cumple y si el funcionario público, no alcanza a dar su respuesta negativa o positiva, este se entiende como aprobado», señaló en diálogo con El Ciudadano.
La directora de Políticas Públicas e Incidencia de la Fundación Ecosur, planteó que este escenario es muy complejo, ante la falta de personal y la falta de fiscalización, «ya que se estarían entregando respuestas positivas a ciegas, lo que atenta en contra de la obligación básica del Estado de proteger a la población, el derecho a ser oído en el procedimiento administrativo, el derecho de participación ciudadana, el derecho a la salud y a la integridad física y a vivir en un medio libre de contaminación».
En opinión de Poo, el gobierno del presidente Gabriel Boric «lamentablemente está haciendo oídos sordos a lo que estamos señalando».
«Estamos de acuerdo en que el sistema debe ser mejorado, perfeccionado y modernizado, pero eso no pasa por la desregulación, eso pasa por hacer una mejor gestión en el propio Estado. Ya vimos como las licencias médicas falsas afectan al funcionamiento correcto de este, por lo tanto, los problemas son múltiples y debemos al menos empezar por ahí», cerró.
Peligro de desregulación ambiental
Para la ecologista Camila Zárate, al insistir en que se apruebe la cuestionada Ley de Autorizaciones Sectoriales, el jefe de Estado está dejando en claro que su administración busca facilitar la instalación de los proyectos de inversión, más allá de si aportan o no algún beneficio al país.
«Me parece que el respaldo que Gabriel le ha dado al proyecto de Ley de Permisos Sectoriales mal llamado de permisología y a la agenda de permisología en su conjunto, que incluye varios proyectos de ley como la reforma a las concesiones marítimas, el proyecto de ley de reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, el proyecto de ley de simplificación normativa, entre otros, da cuenta del camino que ha decidido tomar Gabriel Boric y su gobierno. Un camino de darle la espalda a las comunidades, a las zonas de sacrificio de nuestro país, a los territorios que están en conflicto, a las organizaciones socioambientales y por supuesto, a su propio programa ecologista», afirmó en declaraciones ofrecidas a El Ciudadano.
La también abogada en formación de la Universidad de Chile advirtió que el proyecto de Ley de Permisos Sectoriales va a traer una desregulación ambiental en nuestro país, «mediante figuras como las declaraciones juradas, los avisos o los silencios administrativos para aprobar proyectos».
«Esto no se trata simplemente de una tramitación ágil o transparente como él (Boric) quiere hacer parecer. Esto se trata de saltarse la normativa y por tanto permitir a los inversionistas que se salten las filas de lo que es la evaluación ambiental en nuestro país, para la cual los funcionarios que hoy en día incluso varios están cuestionados, no dan abasto. Así que este es un mal proyecto de ley», indicó.
La ecologista catalogó como un hecho «absolutamente lamentable » que el gobierno de Gabriel Boric «no quiera escuchar las grandes advertencias que le hemos realizado sobre este proyecto, que insista en decir que es un proyecto que solamente va a agilizar la inversión y no sean capaces de ser honestos con las personas y decirles que esto va a significar una desregulación ambiental en nuestro país y por lo mismo ya no esperamos nada de este gobierno».
«Lo que sí queremos es demostrar a los parlamentarios lo que hay detrás de este proyecto. Por ejemplo, a los parlamentarios de la Cámara de Diputados, que no saben muchos cuántas fueron las modificaciones que se realizaron en la Comisión de Economía del Senado. Algunos, incluso no pudieron saber la profundidad de este proyecto de ley, y que también iba abarcar grandes proyectos de inversión o derechamente instrumentos que se saltan la evaluación», expresó la ex convencional constituyente por la Región de Valparaíso.
«Así que todavía tenemos algo de esperanza con respecto a las y los parlamentarios, que además en un periodo electoral, sean capaces de ponerse del lado correcto y rechacen este proyecto de ley en el Senado, o al menos en la Cámara de Diputados todas las modificaciones que vienen del Senado, porque son graves y porque son un verdadero retroceso ambiental», apuntó Zárate.
*Crédito de fotografía usada para la imagen destacada: Claudia Pool.
