restringe la libertad de tránsito









La alcaldesa Karen Bass decretó toque de queda en el centro de Los Ángeles tras cinco días de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Las movilizaciones, que exigen el fin de las redadas y detenciones migratorias, han sido reprimidas con una medida que restringe la libertad de tránsito en una parte específica de la ciudad.

El toque de queda aplica desde las 20:00 hasta las 6:00 del día siguiente, en una zona de apenas 2.59 kilómetros cuadrados (1 milla cuadrada) entre las autopistas 5 y 110 de este a oeste, y entre la autopista 10 y la intersección de la 110 con la 5 de norte a sur.

“Llegamos a un punto de inflexión”: justificación oficial ante el descontento social

Karen Bass declaró “emergencia local” tras denunciar que 23 negocios fueron saqueados y varias propiedades vandalizadas. “Si manejas por el centro de L.A., el grafiti está por todos lados”, afirmó en conferencia de prensa.

La medida, según la alcaldesa, busca “detener el vandalismo y los saqueos”, aunque diversos sectores sociales la consideran una respuesta autoritaria frente a la protesta legítima.

Medida punitiva que restringe libertades

El gobierno local advirtió que quienes no vivan o trabajen en la zona bajo toque de queda se exponen a ser arrestados y procesados. Sólo se permitirá el paso a ciertos medios de comunicación bajo excepciones limitadas.

El área afectada representa una mínima porción de Los Ángeles, una ciudad que supera los 500 kilómetros cuadrados, pero la decisión genera preocupación por el precedente que sienta frente al derecho a la manifestación.

También puedes leer: Kristi Noem acusa a Sheinbaum de fomentar protestas violentas en Los Ángeles.

Karen Bass anunció que este miércoles evaluará si extiende la medida. Mientras tanto, crece la preocupación de las limitaciones en el uso de la fuerza en contra de los manifestantes, teniendo en cuenta que la restricción del derecho al libre tránsito se puede convertir en una serie de violaciones graves a los drechos humanos con justificación e impunidad de Estado.

La Jornada / LAist

Fotografía: AP

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