Por Vera Baboun
A medida que Gaza se hunde en una de las crisis humanitarias más graves de la historia reciente, el sistema concebido para brindar alivio se ha transformado en un mecanismo de caos, miedo y muerte. La reciente toma de control de la distribución de ayuda por parte de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una entidad privada respaldada por Estados Unidos e Israel, desplazó a los mecanismos liderados durante décadas por Naciones Unidas. En su lugar, surgió una estructura militarizada que ni siquiera cumple con los estándares más básicos. Este modelo ha convertido el simple acto de buscar comida o agua en una apuesta mortal.
Desde principios de 2025, el panorama cambió drásticamente. Tras meses de bombardeos, la destrucción de 75% de la infraestructura civil y el desplazamiento de más de un millón de personas, la GHF se impuso como el principal distribuidor de ayuda. Actualmente, opera sólo cuatro “centros de ayuda” en el sur, en reemplazo de más de 400 puntos comunitarios gestionados por UNRWA, OCHA y PMA. Bajo el pretexto de la eficiencia, esta reestructuración ha tenido consecuencias catastróficas.
Desde que GHF asumió el control, más de 700 palestinos fueron asesinados y más de 3.000 heridos mientras intentaban acceder a comida. Hemos visto escenas de pánico, hacinamiento extremo y disparos israelíes cerca de civiles que esperaban en fila. El 16 de junio, al menos 40 personas murieron en Rafah al intentar recoger alimentos. James Elder, portavoz de Unicef, describió el sistema como “militarizado” y responsable directo del aumento del hambre. Para muchas familias, la elección es entre morir de inanición o arriesgar la vida en medio de multitudes desesperadas.
El 27 de junio, el diario israelí Haaretz publicó un reportaje titulado: “Es un campo de exterminio: soldados de las FDI recibieron la orden de disparar deliberadamente a gazatíes desarmados que esperaban ayuda humanitaria”. Según la investigación, “cientos de palestinos fueron asesinados”, lo que llevó a la fiscalía militar a pedir una revisión por posibles crímenes de guerra. Esta revelación confirma lo que muchos organismos han venido denunciando: el sistema no protege a los civiles, los convierte en blanco.
Las agencias de la ONU, relegadas a los márgenes, han levantado la voz. Entre el 4 y el 10 de junio, OCHA informó que casi la mitad de sus entregas de ayuda fueron bloqueadas. La destrucción de 70% de las redes de telecomunicaciones impide coordinar operaciones. Incluso cuando la ayuda logra entrar, no puede distribuirse de forma segura. Convoyes han sido atacados o forzados a retirarse y las condiciones son tan precarias que varias ONG suspendieron sus labores por completo.
Gaza enfrenta una “hambruna provocada por el hombre”, como la describen los funcionarios de la ONU. Más de medio millón de personas sufren inseguridad alimentaria extrema y las tasas de desnutrición aguda en niños se han disparado. Unicef informa que sólo 40% de las instalaciones de agua funcionan. Muchas personas beben agua contaminada o simplemente se ven obligadas a prescindir de ella. El derecho a la alimentación, al agua y a un refugio está siendo negado por un sistema que aparenta brindar ayuda. Según Unicef y el Programa Mundial de Alimentos, más de 71.000 niños y 17.000 madres en Gaza enfrentan malnutrición aguda. En 2025, más de 9.000 menores han sido tratados por desnutrición y se registraron 10.000 casos graves. Solo en mayo, 5.000 fueron hospitalizados y 2.700 diagnosticados con malnutrición aguda. Hasta hoy, al menos 75 niños han muerto de hambre.
La instrumentalización de la ayuda ya no es una advertencia teórica, sino una realidad diaria para familias que ven morir a sus hijos mientras el mundo debate marcos normativos. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió que los ataques a civiles cerca de centros de ayuda podrían constituir crímenes de guerra. Sin embargo, aún no hay investigaciones independientes ni exigencias claras de rendición de cuentas.
Esta no es solo una crisis de hambre o escombros: es una prueba moral para la Comunidad Internacional. Los corredores humanitarios deben reabrirse de inmediato, especialmente hacia el norte, donde el acceso es prácticamente inexistente. La entrega de ayuda no puede depender de escáneres biométricos ni de puestos de control armados.
Gaza muere de hambre. No solo de alimentos, sino también de justicia. Ninguna madre debería tener que elegir entre el hambre y las balas. Ningún niño debería morir de sed bajo la mirada de un sistema que se hace llamar humanitario.
Por Vera Baboun
Embajadora del Estado de Palestina en Chile.
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