Una investigación de Fundación Terram, respaldada por documentos presentados ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) y la Contraloría General de la República (CGR), revela que AquaChile —una de las mayores productoras de salmón del país— operó al menos nueve centros de cultivo en áreas protegidas sin cumplir la normativa ambiental.
Los casos involucran siete concesiones en la (Región de Aysén) y dos en el Parque Nacional Isla Magdalena (Región de Magallanes), donde la empresa habría superado drásticamente los límites de producción sin haber ingresado las modificaciones al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), pese a estar obligada por la ley.
Según la legislación vigente, todo proyecto acuícola que produzca 35 toneladas anuales o más debe ingresar al SEIA. Si está en un área protegida, requiere un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Sin embargo, los centros denunciados fueron aprobados antes de 1997 —cuando el SEIA no regía—, y luego aumentaron su producción sin actualizar sus permisos.
Según consignó Interferencia, los documentos evidencian que la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) y la Subsecretaría para las Fuerzas Armadas (SSFFAA) otorgaron las concesiones sin exigir evaluaciones ambientales, pese a que en 2001 la Contraloría declaró ilegal esa práctica.
En el dictamen N°21270N01 (junio de 2001), la CGR estableció que:
“Las solicitudes de concesiones de acuicultura y sus modificaciones, cuyo proyecto técnico sea aprobado a partir del 3 de abril de 1997 [deben ser evaluadas ambientalmente], independientemente de la fecha de presentación de las mismas, etapa en la cual resulta legalmente pertinente exigir como requisito previo a la aprobación del respectivo proyecto técnico y cronograma de actividades, la calificación ambiental favorable por parte de la Comisión Nacional o Regional del Medio Ambiente”, indicó el ente contralor.
Pese a ello, AquaChile no regularizó sus operaciones. La SMA, el SEIA y el Tercer Tribunal Ambiental han ratificado que exceder los límites sin una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) equivale a operar sin autorización, señaló el medio citado.
Cifras escandalosas de AquaChile: hasta 6.180 toneladas en áreas protegidas
Los datos recopilados por la Fundació Terram muestran aumentos de producción hasta 200 veces mayores a los originales.
En el caso del Parque Nacional Isla Magdalena, la salmonera aumentó la producción de uno de sus centros de 120 a 338 toneladas entre 2002 y 2008 a 3.400 toneladas en 2017; mientras que en otro pasó de 2 toneladas en 2014 a 4.098 en el 2019.
En lo que respecta a la Reserva Nacional Las Guaitecas, también se registraron escandalosos incrementos: un centro pasó de 258 toneladas en 2002 a 4.442 en 2013; otro de 111 toneladas a 4.508 en el mismo período; otro de 1 tonelada en 2001 a 4.470 en 2008 y otro de 2.335 en 2006 a 3.800 en 2008.
También se detecto que un centro experimentó un crecimiento de 37 toneladas en 2001 a 3.761 en 2011; así como otro que pasó de producir 197 tonelada de salmón en 2002 a 6.180 en 2009; y finalmente, un centro subió su producción de 54 toneladas en 2002 a 4.825 en 2008.
Fundación Terram: AquaChile «goza de impunidad desde hace varios años»
Maximiliano Bazán, periodista de Fundación Terram y autor de la investigación, planteó que “lo que queda en evidencia es que el caso de elusión al SEIA por el que la SMA mantiene un proceso de sanción contra la salmonera Cooke Aquaculture en un parque nacional se replica en otros nueve centros de cultivo, los cuales se mantendrían produciendo miles de toneladas ilegalmente orientadas al mercado internacional, pero gozando de impunidad desde hace varios años”.
“Este es un tema que nos parece relevante porque quiere decir que la institucionalidad ambiental del país mantiene debilidades importantes a la hora de fiscalizar y sancionar infracciones que generan millonarias ganancias a costa de la salud de ecosistemas de alto valor natural que el propio Estado decidió proteger”, agregó el investigador.
El gremio salmonero ha defendido su actuar argumentando que los proyectos técnicos definían mínimos, y no máximos, para así evitar el acaparamiento de concesiones. Sin embargo, según la investigación de Terram, los datos de producción desmienten esa tesis ya que varios centros operaron bajo esos límites por años sin perder la concesión, lo que demuestra que esos valores en realidad operaron como umbrales máximos de producción.
