Ley de Permisología: Un retroceso en salud pública colectiva y protección ambiental
El Congreso chileno aprobó el 1 de julio la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales («Ley de Permisología»), ignorando alertas de comunidades y expertos ambientales. Esta norma reduce la fiscalización de proyectos de inversión, eliminando pronunciamientos obligatorios de entidades como las SEREMI de Salud, y prioriza la reactivación económica sobre impactos en territorios y salud colectiva, especialmente en zonas rurales y originarias, consigna una publicación de Sindy Urrea Maturana.
Actualmente, los proyectos deben evaluar riesgos como contaminación de agua, aire y suelo, pero, según desprende el artículo, la ley permite declaraciones juradas empresariales sin revisión estatal, debilitando la regulación. Conflictos en «zonas de sacrificio» (ej. Quintero-Puchuncaví) y altas tasas de cáncer en regiones mineras evidencian fallas del sistema, agravadas por la falta de fiscalización y sanciones efectivas. La salud pública, ya reducida a un enfoque biomédico, queda aún más marginada.
La autora, Sindy Urrea, llama a profesionales de la salud a sumarse a la defensa territorial, denunciando cómo el modelo extractivo profundiza desigualdades y daños socioambientales. Urge reevaluar esta ley que sacrifica derechos fundamentales en favor de intereses económicos.
Lea a continuación el artículo completo para profundizar en esta crítica realidad.
Vulneración a la Salud Colectiva y la aprobación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales o Ley permisología
Por: Sindy Urrea Maturana
Activista por las Aguas (AMIPA Chiloé). Tecnóloga Médica y Magister en Salud Pública Comunitaria y Desarrollo Local
Ülkantun por la resistencia, Mujeres Insulares por las Aguas y Chiloé Libre de Saqueo Energético. 2024 / Enviada por la autora.
El pasado 01 de Julio el congreso aprobó y despachó la ley de permisos sectoriales conocida como ley de permisología, a pesar de las alertas de las comunidades y expertas/os en materia ambiental. Esto sin duda, es un retroceso, no solo en el cuidado del “medio ambiente”, o mejor dicho, para el cuidado de los territorios, sino además, en una profundización de vulneración en la salud de las comunidades que deben convivir con la construcción de grandes instalaciones que, es de amplio conocimiento, modifican los diferentes niveles de la vida y principalmente, de personas que viven en zonas rurales y comunidades de pueblos originarios.
Lamentablemente la salud “pública” en Chile es un aspecto ausente en esta discusión, pues sigue atrapada en el modelo biomédico y hospitalocéntrico donde el territorio es simplemente un conjunto de potenciales factores de riesgo por contaminación. A pesar de esta reducción de lo que entendemos por salud desde la institucionalidad, justamente ahí, es donde juega ya, un papel no menor en la evaluación de proyectos de inversión, rol que con esta ley simplemente termina por anularse, pues imposibilita el debido pronunciamiento que desde el sector salud se pueda hacer, pues el factor económico global de la mano con la agenda de “reactivación económica”, sigue siendo preponderante para decisiones que impactan los derechos sociales y ambientales.
Pero ¿Qué rol juega el sector salud actualmente en la evaluación de los proyectos de inversión?
Dentro del proceso de evaluación ambiental de los proyectos de inversión, la secretaria ministerial regional de salud (SEREMI de salud) así como otros organismos estatales con competencia ambiental, deben pronunciarse sobre diferentes aspectos de los estudios que presentan las empresas, en este caso, aspectos que van desde las condiciones sanitarias de los trabajadores, disposición de residuos, hasta impactos en la salud por contaminación de las aguas, el suelo y el aire durante la construcción y después en el funcionamiento de las instalaciones.
Los informes presentados por los titulares de los proyectos (ingresados al Sistema de Evaluación Ambiental) deben demostrar que no se generarán impactos en la salud de los trabajadores y también de las personas que viven en el “área de influencia” del proyecto.
Las grandes construcciones pueden tener impactos como por ejemplo contaminación de aire por polvo en suspensión debido a la construcción de nuevos caminos, el aumento de tránsito de vehículos pesados o tronaduras, contaminación de suelos y agua por manejo de residuos industriales (peligrosos y no peligrosos), residuos sólidos domiciliarios, aguas servidas, impactos acústicos por ruidos (tronaduras, vibraciones), entre otros. Estos impactos muchas veces no se fiscalizan por la debilidad y falta de personal fiscalizador de las entidades públicas, por tanto, es la propia comunidad afectada la que usualmente debe hacer ese trabajo, lo que implica un desgaste mayor, pues las (pocas) herramientas que tienen las comunidades para defenderse, son poco accesibles y a veces, no son efectivas, pues las sanciones hacia las empresas son su mayoría solo pago de multas.
Chile cuenta actualmente con una institucionalidad ambiental permisiva, pues muchos de los proyectos que ingresan son aprobados y la demora de su tramitación -argumento que ha sido el estandarte de la ley permisología- muchas veces se genera porque las mismas empresas piden extensiones de plazo para mejorar los estándares de calidad de sus propios estudios, no por los “ambientalistas” “anti desarrollo” como lo han querido instalar desde el sector empresarial (Reportaje el Mercurio 2025 – https://shorturl.at/d5GZU).
La ley de “permisología” lamentablemente ha sido impuesta bajo una serie de mentiras, pues el mismo ministro Grau menciona que la ley “no se mete en el tema ambiental” sin embargo, la norma establece, entre otras intervenciones, “técnicas habilitantes alternativas” que, en palabras sencillas son declaraciones juradas simples donde la empresa manifiesta que cumple con los requisitos establecidos, sin la necesidad de revisión por los organismos competentes, anulando la capacidad regulatoria que debiesen tener las SEREMI.
Ya es de amplio conocimiento los enormes conflictos que se han generado en las denominadas “zonas de sacrificio” como lo son el caso de quintero-puchuncaví, con graves y masivas intoxicaciones, que hasta el momento siguen sucediendo (https://shorturl.at/bYPmq), y la alta tasa de cáncer en regiones mineras como Antofagasta, aún cuando hay deficiencias en los registros epidemiológicos en los establecimiento de salud respecto de las personas que han sido impactas en su salud por la instalación de grandes empresas, no solo en su cuerpo físico sino que también en su salud mental.
Es importante recordar que el modelo productivo predominante en las regiones es principalmente extractiva, por tanto, es una dimensión económica y política que influye en la determinación social* y en los determinantes sociales de salud*, lo que se traduce directamente en la manera de sanar, enfermar y morir de las personas y comunidades que habitan los territorios.
En el contexto nacional se deben mejorar las condiciones de vida de las personas, lamentablemente esto, ha sido una excusa usada por las élites de Chile para seguir profundizando la enorme desigualdad que existe en el país, alimentando un modelo mal sano* basado en la acumulación de riqueza y potenciado actualmente través de la agenda “reactivación económica” la que no se traduce en mejoras para la sostenibilidad de la vida sino todo lo contrario, se materializan proyectos disfrazados de “amigables con el medio ambiente” pero que solo generan destrucción de la naturaleza, los ecosistemas y el tejido social.
En este contexto hago un llamado a todas/es/os mis colegas del área de la salud que habitan diferentes espacios como los ministerios, seremis, establecimiento de salud, academia y organizaciones a hacerse parte de esta discusión. Muchas veces ha faltado nuestra voz acompañando a las comunidades que hoy han visto su salud gravemente deteriorada por los profundos conflictos que se han generado por la intervención del Estado y las grandes empresas en los territorios. La salud también es el cuidado y la defensa del territorio.
