La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) presentó este 6 de julio la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un plan integral para combatir este delito que afecta diariamente a 32 personas en promedio. Coordinada por Omar García Harfuch por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, la estrategia prioriza ocho estados que concentran el 66% de casos a nivel nacional.
Cinco ejes operativos y medidas financieras buscan desarticular redes criminales
La estrategia federal se estructura en cinco ejes clave: detenciones mediante inteligencia, creación de Unidades Antiextorsión estatales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación de operadores del 089 en negociación de crisis, y campaña nacional de prevención. García Harfuch destacó que esta acción es posible gracias a la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, que amplía facultades para desmantelar redes criminales. Los estados prioritarios son Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán, donde se implementarán operativos focalizados con patrullajes inteligentes.
Como medidas complementarias, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelará cuentas bancarias identificadas en transacciones de extorsión, mientras la SSPC gestionará bloqueos de líneas telefónicas mediante órdenes judiciales. Además, se reforzarán operativos en centros penitenciarios para incautar dispositivos utilizados en extorsiones desde prisiones, problema documentado en casos como el penal de Jalisco que afectaba a Puebla. El 089 se establece como número exclusivo nacional para denuncias anónimas, con personal especializado en manejo de crisis.
Esta respuesta estatal surge ante el incremento del 3.8% en víctimas de extorsión durante los primeros cinco meses de 2025, totalizando 4,882 casos según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La Cámara Nacional de Comercio estima que este delito generó pérdidas por 26,000 millones de pesos en 2023, con un subregistro alarmante: 96.7% de casos no se denuncian por miedo a represalias, según la ENVIPE 2024. Francisco Lobato Galindo, de la Red Mexicana de Franquicias, evidenció cómo funcionarios municipales extorsionaban negocios en Puebla mediante falsas inspecciones.
La estrategia incluye protocolos de atención psicológica para víctimas y capacitación a sectores vulnerables como cajeros y personal bancario para identificar señales de extorsión. Esta medida es relevante ante modalidades como el secuestro virtual, donde según el Observatorio de Seguridad Ciudadana se canalizaron 60 reportes solo entre marzo y julio. El Escuadrón Antiextorsión de Guanajuato, pionero con su línea 800-TE CUIDO, demuestra que la colaboración ciudadana permite desarticular redes como la que extorsionaba productores agrícolas en Michoacán.
Aunque la SSPC reconoció que la extorsión es el único delito sin reducción significativa en esta administración, operativos como Enjambre en el Estado de México muestran avances: 59 detenciones de exfuncionarios y líderes municipales vinculados a grupos como La Familia Michoacana, con incautación de 21 inmuebles usados para extorsión.
La estrategia representa un esfuerzo por coordinar acciones con fiscalías estatales, cuya disparidad en tipificación del delito dificultaba respuestas efectivas.
La efectividad dependerá de implementar el Protocolo Nacional de Atención a Víctimas en territorios indígenas y zonas rurales, donde la desconfianza institucional persiste. Organizaciones como la COPARMEX exigen una Ley General contra la Extorsión para homologar criterios procesales y eliminar vacíos legales. Mientras, la participación ciudadana mediante el 089 y el fortalecimiento de unidades estatales como las UECS existentes contra secuestros, podría replicar éxitos como la captura en Morelia de extorsionadores con 100,000 pesos asegurados.
El Ciudadano
