En la interminable secuencia de escándalos y corrupciones, el sicario que habría ultimado por encargo a un empresario del barrio Meiggs fue detenido por la policía, acusado por la fiscalía y enviado a la cárcel por una jueza que apenas dispuso la medida cautelar decretó su excarcelación. No se sabe si por error, o en complicidad con el crimen organizado. Solo después de cuatro días las autoridades y la opinión pública supieron que este delincuente se encontraba nuevamente en libertad, por lo que tuvo bastante tiempo para viajar al norte del país y salir hacia Perú por el control fronterizo de Chacalluta.
Con identidades falsas, el venezolano Alberto Carlos Mejía Hernández evadió los controles, pero también dejó en evidencia que nunca se le sometió al oportuno registro de sus huellas dactilares, por lo que las resoluciones judiciales recayeron en cada una de sus “chapas” y no en su verdadero nombre.
Todo esto significa que el transgresor burló completamente a las policías, al sistema judicial y a Gendarmería, por lo que provocó una urgente sesión especial del Senado de la República y un serio remezón al interior de un gobierno que, quiérase o no, es acusado de debilidad frente al crimen organizado, junto con su falta de diligencia respecto de lo que sucede en nuestras largas fronteras. Que ahora no solo son permeables al ingreso al país de emigrantes ilegales sino también a los que huyen al exterior.
La reacción general de la clase política ha sido, como de costumbre, explicar lo sucedido donde no se cumplieron los protocolos de nuestro sistema policial y judicial, como a la necesidad de dictar nuevas leyes dentro de la vorágine de disposiciones que ya existen y que debieran ser suficientes para evitar este tipo de situaciones.
De esta manera, hay quienes hablan de la corrupción de nuestras instituciones, incluso de la penetración del narcotráfico en el Poder Legislativo, el Gobierno y los más de 360 municipios del país.
Lamentablemente a muchos les basta con atribuir estas transgresiones a las dependencias del Estado sin reparar en la obvia responsabilidad de quienes allí se desempeñan y que podrían pertenecer o tener vínculos con el crimen organizado.
Lo mismo ocurrió con la fallida compra de parte del Estado de la casa el ex presidente Allende, situación en que también se le quiso imputar a las instituciones que tuvieron que tramitar esta operación cuando en realidad fueron personas las que estuvieron dispuestas a transgredir la ley, amparándose en una instrucción “desde arriba”. En efecto, la escritura de compraventa pasó por unas seis instancias gubernamentales y múltiples funcionarios a partir de la autorización que dio el propio Presidente Boric en acuerdo con los herederos del extinto mandatario. Quienes debieran haber estado completamente conscientes de que al trabajar en el Estado se les prohibía cualquier tipo de negocios con el Fisco. Por lo que, a la postre, resultaron separados de sus cargos por requerimiento periodístico y el escándalo público solo la senadora Isabel Allende, en su calidad de hija, y la ministra Maya Fernández, su nieta. Con lo que se salvaron varios funcionarios por los que pasó el expediente fraudulento.
Un Incidente en que, por cierto, no se encauzó al propio Jefe de Estado, que, por sus estudios de Derecho, más que cualquier otra persona debió haber impedido esta bochornosa tramitación. La que implicaba, además, una tasación abultada respecto del precio de mercado del inmueble, así como el beneficio añadido a los mismos herederos para la administración de un memorial sobre el líder de la Unidad Popular en lo que fue su residencia.
Es completamente absurdo e hipócrita que en estos y otros episodios se reproche la eficacia de nuestras leyes, al funcionamiento de nuestras instituciones, y no a la insolvencia ética o profesional de muchos funcionarios públicos. Situación que es agravada por la defensa corporativa de cada una de las entidades del Estado al momento de conocerse los delitos que las implican. Recién se ha conocido, para colmo de abusos, la existencia de varios funcionarios del Ministerio de Seguridad Pública que tienen remuneraciones por encima de las del propio titular de la cartera.
Qué duda cabe que la política, los gobiernos de turno, tienen infectada la Administración del Estado con operadores políticos, parientes y otro tipo de personas que poco o nada pueden aportar a la eficiencia del servicio público. Con sueldos escandalosos, además, y todo tipo de argucias para ausentarse de su trabajo, valerse de licencias médicas fraudulentas y hasta malversar caudales públicos en beneficio propio, de sus partidos y cajas electorales. Los procesos judiciales que hoy afectan a alcaldes, gobernadores y otros son apenas la punta del témpano de la amplia y soterrada corrupción nacional. En que efectivamente podrían descubrirse bajo el alero de nuestra institucionalidad a narcotraficantes y otro tipo de facinerosos.
Aunque lo cierto es que siempre estos serán difíciles de neutralizar en la medida de que “los cojos le echen la culpa al empedrado”.
Por Juan Pablo Cárdenas S.
Política y Utopía, 27 de julio 2025.
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