La entidad fiscalizadora admite una denuncia que acusa vicios en el proceso liderado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
La Contraloría General de la República dio curso a una denuncia presentada por Gloria Cayupi González, perteneciente a la comunidad mapuche, quien acusa una serie de irregularidades y omisiones en el proceso de consulta indígena impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La solicitud, ingresada con fecha 29 de agosto, detalla incumplimientos a la Ley de Compras Públicas y al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento presentado ante la Contraloría, y respaldado por la comunidad Werken del linaje Cayupi, sostiene que la resolución del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, publicada el 3 de julio de 2025, valida la adquisición de tierras como forma de compensación para el pueblo mapuche, basándose en información entregada por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). Sin embargo, la denuncia subraya que la CONADI no consultó previamente con los miembros de la comunidad. Según Cayupi, esta omisión constituye un acto arbitrario que vulnera los derechos del pueblo y el espíritu del Convenio 169 de la OIT, que exige una consulta previa, libre e informada.
Entre las principales acusaciones, se encuentra la falta de garantías adecuadas en el proceso licitatorio. Se señala que no se exigió la garantía de fiel cumplimiento del 5% del monto total de licitación, ni una garantía de seriedad de la oferta del 3%, algo que contraviene lo establecido en la Ley de Compras Públicas, elevando el riesgo para el Estado y la ejecución exitosa del proyecto. Estas irregularidades ya habían sido denunciadas en una licitación anterior relacionada con el proyecto DITECSUR, y demostrarían un patrón de conducta que afecta la transparencia y probidad de los procesos.
También critica las “declaraciones polémicas” del secretario ejecutivo para La Araucanía, quien extendió la consulta hasta 2026, lo que evidenciaría una falta de planificación y seriedad en el proceso. Además, se cuestiona la declaración sobre la “Posta de Estado” y su comparación con decretos presidenciales, lo que ha generado hostilidad y deslegitimado el proceso. Estos actos son calificados por Gloria Cayupi como “ofensivos” y contrarios al espíritu de diálogo que debe primar en una consulta indígena.
La denuncia subraya que las irregularidades no solo afectan la probidad administrativa, sino que también vulneran los derechos de los pueblos indígenas a una consulta libre, previa, informada y culturalmente adecuada, tal como lo establece el Convenio 169. Es por esto que se exige una paralización inmediata de la consulta, una investigación exhaustiva de la licitación irregular y una mayor transparencia de las bases de licitación y garantías.
Finalmente y tras la acusación, se espera que la Contraloría General de la República entregue una respuesta pronta y efectiva, con el objetivo de corregir las presuntas irregularidades, asegurar la transparencia y legitimidad del proceso, y garantizar el respeto correspondiente a los derechos de los pueblos indígenas en Chile, como lo establece el Convenio 169 de la OIT.
