Mónica Rincón por voltereta de ministro Antonio Ulloa

Mónica Rincón por voltereta de Antonio  Ulloa por su amigo Mario Vargas

La credibilidad del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa, enfrenta un nuevo y severo escrutinio tras evidenciarse una contradicción sustancial en su postura respecto a su relación con el abogado Mario Vargas. La periodista y conductora de CNN Chile, Mónica Rincón, ha expuesto de manera textual y con fechas precisas el viraje del magistrado, quien pasó de negar cualquier obligación de inhabilitarse en causas donde su «gran amigo personal» actuara como defensor, a afirmar que justamente a Vargas era «el único» que mencionaba como causal para apartarse. Esta voltereta, documentada en redes sociales y prensa escrita, reactiva cuestionamientos éticos de fondo.

“Hace un año, el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago ANTONIO ULLOA me respondió molesto porque denuncié que NO se había inhabilitado en causa en que el abogado era su amigo MARIO VARGAS. Dijo que no tenía por qué. El viernes en La Segunda se defiende diciendo que SÍ ponía a Vargas como causal de inhabilidad. Les dejo su voltereta en La 2da y los tuits de hace un año. Porque como dije  NO ERA COSA DEL PASADO. Y no lo será hasta que se termine la impunidad en la que han actuado”, señaló la periodista en X.

El episodio se remonta al 11 de septiembre de 2024, cuando Mónica Rincón denunció públicamente que Ulloa no se había inhabilitado en la discusión de la prisión preventiva del abogado Sebastián Morando, quien era defendido por Mario Vargas. La periodista fue categórica al señalar: «Ulloa no se inhabilita a pesar de su cercanía con Mario Vargas y vota a favor del representado de Vargas». Este hecho, lejos de ser aislado, se enmarcaba en una red de relaciones informales que ya entonces generaba alarma.

Frente a dicha denuncia, la respuesta oficial del ministro Ulloa, publicada de forma íntegra por Rincón, fue contundente y legalista. A través de un comunicado, precisó que, según el artículo 196, numeral 15 del Código Orgánico de Tribunales, la causal de recusación es con la parte y no con el abogado de la parte, agregando que «en la especie, el ministro Ulloa no conoce al abogado defendido por el abogado Mario Vargas». Esta argumentación, sin embargo, omitió abordar por completo el meollo del conflicto de interés: su declarada amistad con el defensor Vargas.

Ante esta justificación, Mónica Rincón emitió un crítico y personal comentario, agregando a la publicación oficial: «si a él le parece adecuado ese estándar ético que rompe la igualdad de armas y por tanto la igualdad de defensa de los ciudadanos ante el último refugio que tienen en una democracia (la Justicia) a mí me parece inaceptable». Con esta reflexión, la periodista puso el foco no en la técnica legal, sino en el principio de probidad y la percepción de imparcialidad que debe rodear a la administración de justicia.

La contradicción se materializó el viernes 7 de noviembre de 2025, cuando el diario La Segunda publicó una extensa entrevista con Ulloa. En ella, el magistrado, al ser consultado sobre su amistad con Vargas –hoy formalizado por el caso Muñeca Bielorrusa y vinculado al caso Hermosilla–, aseguró que el abogado era «el único que mencioné como causal de inhabilidad» y que él se aparta de causas «cuando corresponde». Esta afirmación choca frontalmente con su postura de 2024, donde, lejos de declarar a Vargas como causal, negó la necesidad de inhabilitarse en un caso concreto donde este era el defensor.

La entrevista en La Segunda también incluyó polémicas declaraciones de Ulloa sobre el «pituto judicial», admitiendo que las recomendaciones y redes informales «han existido siempre» en el Poder Judicial.

Acusación Constitucional en el Senado

La situación del ministro Ulloa pasa  este lunes 10 de noviembre al Senado para conocer la acusación constitucional en su contra por «notable abandono de deberes». El proceso, que concluirá con una votación en la tarde del mismo día.

El quorum de aprobación en este caso es de la mayoría de los senadores en ejercicio. Si los senadores acogen la acusación el acusado queda destituido de su cargo, y no podrá desempeñar ninguna función pública, sea o no de elección popular, por 5 años.



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