El fin de semana pasado se convocó -sin afiches ni publicaciones abiertas- a una jornada de asesoría jurídica para personas en situación irregular en Yungay 3241, Santiago (dependencias de una comunidad evangélica local), con difusión por WhatsApp y la instrucción expresa de mantener “estricta confidencialidad”.
En paralelo, circula un documento titulado “Procedimiento para extranjeros que ingresan por pasos no habilitados”, que guía paso a paso cómo regularizar y que ordena no compartirlo públicamente.
La actividad es atribuida a la Fundación Un Solo Corazón, espacio históricamente ligado a María Pía Adriasola, esposa de José Antonio Kast, y conducido hoy mayoritariamente por militantes del Partido Republicano.
En su despliegue territorial tiene un rol central la Misión Carismática Internacional (MCI), a través de la pastora Luz Janeth Espinal (colombiana, nacionalizada chilena y excandidata del bloque de Kast), quien aparece articulando templos, redes de fieles y la propia fundación para sostener el dispositivo de asesorías.
En campaña, Kast repite que “no habrá regularización para quienes entraron por pasos no habilitados” y propone expulsiones masivas. Sin embargo, el entorno político-religioso que le es afín impulsa ayudas selectivas y reservadas que, en los hechos, abren vías de regularización para parte de esa misma población. El contraste instala la pregunta de fondo: ¿Orden público o control discrecional del “desorden”?
El caso importa porque muestra un modelo bifurcado: hacia afuera, un discurso de “mano dura”; hacia adentro, redes paralelas (fundaciones + iglesias) que sustituyen al Estado en la gestión de necesidades urgentes, sin estándares de transparencia, universalidad ni control democrático. Se instrumentaliza la vulnerabilidad —orientaciones condicionadas que generan dependencia y lealtad— en vez de construir derechos mediante políticas públicas claras y abiertas.
Sumado esto a episodios previos como interpelaciones en ferias, debates con énfasis en expulsiones y asociación entre migración y delincuencia, aparece una línea narrativa de doble estándar: se denuncia el “desorden”, pero se administra en la sombra para fines de influencia territorial y acumulación política.
Al final del día, además, quedan abiertos varios puntos clave: Alcance real de las asesorías (criterios, cobertura, resultados), financiamiento y trazabilidad de la fundación, y respuesta oficial del comando de Kast o de la propia organización frente a la existencia de instructivos reservados de regularización.
También si habrá colaboración con el Estado o si se mantendrá un circuito opaco y selectivo.
El Ciudadano
