El Ciudadano
Tras ocho años de investigación sin formalizaciones, se acusa intento de prescripción de los delitos que afectaron a más de 2.000 ahorrantes.
Este viernes 30 de enero en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago se debió llevar a cabo la audiencia para resolver el sobreseimiento de los imputados en la investigación por presuntos delitos de estafa y transgresiones a la Ley 20.720 (Ley Concursal) relacionados con la Cooperativa Financoop, procedimiento penal iniciado en mayo de 2018. La defensa de los investigados fundamenta su solicitud en la prescripción de la acción penal, debido a que el Ministerio Público no realizó formalizaciones en estos ocho años.
La indagatoria agrupa diversas querellas que denuncian una afectación económica superior a los $17.000 millones de pesos, concretada en julio de 2018. Según los antecedentes, la cooperativa realizó una capitalización forzada del 40,32% de los depósitos a plazo de los ahorrantes, transformándolos en cuotas sociales. Las víctimas, que suman miles de personas y de las cuales más de 200 actúan como querellantes, señalan que este proceso se realizó bajo la advertencia de que podrían perder la totalidad de sus fondos.
En el aspecto técnico, los querellantes sostienen que la Fiscalía Centro Norte no ha considerado pruebas aportadas desde noviembre de 2022 relativas a la Ley Concursal. Estas evidencias sugieren una disminución del activo sin justificación jurídica, mediante el traspaso de deudas que no cumplían con los estándares para ser consideradas morosas. Asimismo, se cuestiona que los peritajes realizados por el Laboratorio de Criminalística (LACRIM) omitieran antecedentes sobre una supuesta pérdida patrimonial ficticia ocurrida en enero de 2018.
Desde la agrupación de afectados, indican que este caso representa un golpe significativo al cooperativismo en Chile, especialmente para los socios de la tercera edad que componen la base de ahorrantes. Los representantes legales advierten que un sobreseimiento podría generar inestabilidad y una potencial corrida financiera sobre la entidad actual, producto de la percepción de impunidad en el sistema judicial.
Finalmente, los denunciantes recalcan que la falta de resultados en casi una década de proceso judicial dejó a cientos de familias en la precariedad económica. Para los ahorrantes, el desenlace de esta jornada no solo define el futuro de sus ahorros, sino que pone a prueba la capacidad del sistema penal chileno para perseguir delitos financieros complejos que afectan a sectores vulnerables.
Pese a los años transcurridos, la audiencia de sobreseimiento se reagendó para el próximo 27 de marzo.
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