7.000 años de existencia, un solo reconocimiento: Estado de Chile otorga gobernanza vinculante al pueblo Kawésqar en su territorio ancestral
El pasado 9 de marzo, el Estado chileno, mediante la Resolución N°313 de CONAF, reconoció formalmente el derecho del pueblo Kawésqar a decidir sobre el territorio que habita hace más de siete milenios. La firma del plan de manejo del Parque Nacional Kawésqar, que establece un Consejo de gestión vinculante integrado por comunidades y el Estado, marca un hito histórico que repara —aunque sea de forma parcial— una deuda centenaria.
Este logro, construido tras décadas de lucha, 19 meses de consulta formal y una resistencia constante ante la violencia y la desarticulación, no es un privilegio sino un derecho conquistado. Sin embargo, la industria salmonera ya amenaza con judicializar el proceso. Invitamos a leer a continuación los detalles de este avance y los desafíos que enfrenta la memoria viva de los canales.
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7.000 años de existencia, 1 reconocimiento
El 9 de marzo de 2026 ocurrió algo que nuestros ancestros no pudieron imaginar: el Estado de Chile reconoció formalmente, a través de la Resolución N°313 de la Corporación Nacional Forestal, que el pueblo Kawésqar tiene derecho a decidir sobre el territorio que ha habitado durante más de 7.000 años. La firma del plan de manejo del Parque Nacional Kawésqar, con un Consejo de gestión de carácter vinculante integrado por el Estado y las comunidades kawésqar, es un hito histórico. Pequeño si se mira desde la deuda que tiene el Estado con los pueblos que lo antecedieron. Enorme si se recuerda todo lo que hubo que atravesar para llegar aquí.
Porque llegar aquí costó. Costó décadas de lucha, años de consultas, meses de reuniones en las que nuestra presencia fue tolerada cuando no ignorada. Costó recursos de protección interpuestos por comunidades instrumentalizadas por la industria, intentos de desarticular el proceso desde adentro, violencia en las sesiones de consulta y un Estado que en demasiadas ocasiones miró hacia otro lado. Costó, sobre todo, la memoria de quienes ya no están: los antiguos que nos enseñaron los nombres de los canales, los que navegaron el Jáutok y el Málte antes de que el mundo moderno decidiera que esas aguas valían más en toneladas de salmón que en historia viva.
No es casual que esta lucha deba nombrarse también como lo que es: una reparación, todavía parcial, por el genocidio del pueblo Kawésqar. Lo que el colonialismo primero y el Estado chileno después hicieron con nuestro pueblo no tiene otro nombre. Nos arrancaron de nuestros canales, nos sedentarizaron por la fuerza, destruyeron nuestras formas de vida y durante décadas nos convirtieron en una curiosidad etnográfica mientras el territorio que nos pertenecía era entregado por pedazos a la industria. Que hoy el mismo Estado firme un instrumento que nos entrega poder real sobre ese territorio no borra esa historia. Pero es un paso en la dirección correcta, y como tal lo reconocemos.
El plan de manejo del Parque Nacional Kawésqar no es un privilegio ni una concesión graciosa. Es el resultado de 19 meses de consulta indígena formal, de 17 reuniones impulsadas por la Conaf —superando ampliamente el mínimo legal—, de cuatro años previos de trabajo bajo estándares abiertos con una diversidad de actores. Es el resultado de un proceso que el Estado intentó muchas veces ralentizar y que fue defendido por las comunidades paso a paso. Lo que el instrumento consagra —el Consejo deliberativo y resolutivo, la autorización de prácticas tradicionales, el reconocimiento de nuestra relación con el fuego y con el territorio— es lo que debió existir desde hace mucho más tiempo.
Pero la tormenta no amaina.
Días después de la firma, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes ya se pronunciaba en la prensa con el repertorio de siempre: «incertidumbre», «bloqueos administrativos», amenazas veladas de judicialización. El mismo sector que presentó 14 observaciones al plan y vio rechazadas 12 de ellas —catalogadas como meras opiniones sin sustento técnico— ahora advierte que llevará el instrumento a la Contraloría. La industria que opera 60 concesiones activas dentro de la Reserva Nacional Kawésqar, que vio crecer su producción en la región de 3.200 toneladas en 2001 a 130.000 en 2023, habla de incertidumbre. Como si la certeza que ellos reclaman no se hubiera construido, precisamente, sobre la incertidumbre permanente de nuestra existencia.
Lo más revelador de su argumento es a quién le temen: no al parque en sí, que como área protegida terrestre no afecta directamente sus operaciones, sino al precedente. Les preocupa que este modelo de gobernanza se replique en la Reserva Nacional Kawésqar, donde sí tienen concesiones activas. Les preocupa, en definitiva, que los Kawésqar tengamos voz donde ellos han operado hasta ahora sin contrapesos. Eso no es incertidumbre jurídica. Es incomodidad con la justicia.
Frente a esto, lo que corresponde es claridad. El Consejo de gestión vinculante no es un veto arbitrario: opera dentro del marco de la Ley N°21.600, que prohíbe expresamente la explotación de recursos naturales con fines comerciales en los parques nacionales. Sus decisiones estarán acotadas por ese marco legal, independientemente de lo que la industria insinúe. Y si la industria decide judicializar, que lo haga. No será la primera vez que los kawésqar debamos defender en tribunales lo que la ley ya nos reconoce. Hemos navegado tormentas más bravas.
Lo que este hito nos recuerda es que los avances son posibles, pero no son regalos. Son el resultado de comunidades que se niegan a ceder, que documentan, que denuncian, que se presentan una y otra vez a las mesas donde no son bienvenidas. El plan de manejo del Parque Nacional Kawésqar es nuestro, porque lo construimos y está construido sobre la memoria de nuestros antiguos. Y lo defenderemos con la misma tenacidad con que la que se rema entre el viento y las olas.
Comunidad Kawésqar Grupos Familiares Nómades del Mar
