El Gobierno Regional Metropolitano (GORE) de Santiago informó que mantiene un conflicto legal contra la aseguradora Porvenir (Aspor), para cobrar cinco pólizas de garantía asociadas al convenio suscrito con la fundación ProCultura, con el objetivo de llevar a cabo el programa «Quédate», orientado a la prevención del suicidio, mediante el fomento de la salud mental.
Las pólizas, por un total superior a 31 mil UF, equivalentes a más de $1.000 millones, fueron exigidas por el GORE en noviembre de 2023 tras el término anticipado del dicho proyecto, que fue financiado con más de $1.683 millones.
Argumentaron que la decisión se basó en incumplimientos contractuales por parte de la fundación, entre los que figuran la falta de entrega de información bancaria obligatoria que se le requirió por parte del organismo.
A través de un comunicado de prensa, desde el GORE destacaron que para garantizar el correcto uso de los recursos que se le entregaron a la fundación, una de las condiciones que se impusieron para aprobar el proyecto “Quédate”, fue la exigencia de un seguro por el 100% de los recursos comprometidos para desarrollo de este plan de prevención del suicidio, por lo que ahora el organismo público busca recuperar dichos montos.
Sin embargo, una vez que se puso término al convenio y al hacer efectivas las garantías, el 8º Juzgado Civil de Santiago dictó endiciembre de 2023 una medida prejudicial precautoria, que bloqueó las intenciones del Gobierno de Santiago. la cual fue solicitada por la propia aseguradora Aspor, que acusó deficiencias en el requerimiento original de cobro.
Pese a que dichos problemas fueron subsanados por el GORE; el bloqueo se mantiene hasta la fecha y derivó en una controversia judicial.
Ante este escenario, el GORE Metropolitano primero denunció a la aseguradora ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para revertir la situación, que en julio de 2024 impuso una multa de 1.000 UF por el incumplimiento.
Posteriormente, en agosto pasado, emitió una circular dirigida a municipios, ministerios, otros gobiernos regionales y servicios públicos, informando que en el futuro no aceptaría más pólizas de la empresa en sus próximos convenios, argumentando riesgos para el patrimonio público
“Resulta altamente preocupante para este Gobierno Regional, el mal uso de las pólizas de seguro, lo que provoca un gran daño al sistema de contratación pública, cuyos instrumentos de garantía se introdujeron en la legislación con el objeto de eliminar barreras de entrada para la participación en licitaciones regidas por la Ley Nº 19.886 para el caso de la contratación de ejecución de obras, bienes y servicios, y por la ampliación del tipo de garantías que requiere la Ley Nº21.640 de Presupuestos del Sector Público, respecto de los convenios de transferencias a instituciones privadas, por lo que también hemos alertado al Ministerio del ramo para que se revisen y perfeccionen la normativa que rige a las mismas”, señaló el documento.
Esto fue respondido por Aspor mediante un recurso de protección, acusando que la circular era una represalia ilegal, lo que fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago en noviembre de 2024; argumentando que la controversia ya estaba siendo resuelta por instancias judiciales y que el Gobierno Regional actuó dentro de sus facultades al velar por la protección de fondos públicos.
La sentencia fue confirmada por la Corte Suprema en marzo de este año.
Según antecedentes recopilados por el GORE Metropolitano, al menos otras cuatro aseguradoras habrían recurrido a estrategias similares, lo que motivó un oficio a nivel ministerial con el fin de revisar la normativa vigente.
Actualmente, el Gobierno de Santiago tiene una causa civil donde está representado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo que también representa a la CDE por el reclamo que interpuso la aseguradora en su contra, por la multa cursada, que se está conociendo en la Corte de Apelaciones de Santiago.
Gobernador Orrego: “Vamos a recuperar hasta el último peso»
El gobernador de Santiago, Claudio Orrego, señaló en el comunicado que “somos la única institución pública en Chile, que exigió el 100% de garantía de los recursos, mucho antes del escándalo de los convenios. Por eso, tenemos la certeza que vamos a recuperar hasta el último peso de ProCultura”.
“Que una compañía se resista a pagar es lo que le pasa a todos los chilenos que han contratado un seguro por robo, temporal, incendio o robo de auto, y las aseguradoras no se lo quieren pagar. ¿Y quién nos defiende? El Consejo de Defensa del Estado y la Comisión de Mercado Financiero. Estoy convencido en que vamos a recuperar hasta el último peso de esta causa”, agregó.
