Renato Romero Camacho, destacado defensor del agua en la Cuenca Libres-Oriental, fue detenido el 1 de julio de 2025 por la Fiscalía de Puebla bajo acusaciones de daño en propiedad ajena y despojo agravado. Organizaciones sociales denuncian que su arresto busca intimidar la lucha contra el saqueo hídrico corporativo mientras evidencian irregularidades procesales.
La respuesta ciudadana: Más de 50 colectivos exigen libertad inmediata y señalan patrones de criminalización
Agentes de la Policía Ministerial ejecutaron la orden de aprehensión contra Romero Camacho en la colonia Granjas Puebla, justo cuando se dirigía a un cabildo abierto en Nealtican para debatir la defensa del agua local. La Fiscalía General del Estado (FGE) vinculó al activista con una protesta del 28 de mayo en San Miguel Xoxtla, donde manifestantes rechazaban la instalación de tuberías por parte de Agua de Puebla. Sin embargo, abogados defensores sostienen que Romero no estuvo presente ese día y califican las acusaciones como «infundadas y de carácter político».
Elia López, esposa del defensor, denunció violaciones al debido proceso al negársele acceso a la carpeta de investigación y desconocer su paradero inicialmente.
La detención ocurre en un contexto de conflicto histórico: La empresa Granjas Carroll extrae entre 8 y 9 millones de metros cúbicos anuales en la cuenca, superando en más del doble su concesión autorizada de 3.5 millones, según estudios de la UNAM. Esto ha generado escasez hídrica para comunidades campesinas, documentada durante dos décadas por el Movimiento en Defensa del Agua que lidera Romero.
Organizaciones como la Red Nacional de Derechos Humanos (Red TDT) y el Movimiento Agrario Indígena Zapatista responsabilizan al gobierno de Alejandro Armenta de proteger intereses corporativos. Juan Carlos Solís, abogado del Frente de Pueblos Morelos, reveló que Agua de Puebla –vinculada a los Hank Rhon– presentó directamente la denuncia.
La criminalización evidencia un patrón: existen órdenes pendientes contra otros dos defensores en la región. Tras presión ciudadana, Romero fue liberado bajo medidas cautelares el 3 de julio, aunque continúa el proceso penal con audiencia programada para el 7 de julio.
La Comisión de Derechos Humanos de Puebla investiga posibles violaciones durante la detención.
Este caso refleja la tensión entre modelos de gestión hídrica: Mientras comunidades exigen auditorías a concesiones, el Plan Nacional Hídrico 2024-2030 excluyó a la Cuenca Libres-Oriental de sus soluciones.
La lucha de Romero simboliza la defensa del agua como bien común frente a lo que él denomina «la privatización hasta del cielo», en referencia al uso ilegal de cañones antigranizo por agroindustrias que alteran el ciclo pluvial.
El Ciudadano
