Presidente Boric anuncia proyecto de reforma constitucional sobre pueblos indígenas
El Presidente Gabriel Boric anunció este jueves 19 de junio el envío al Congreso de un proyecto de reforma constitucional que buscará “reconocer oficialmente los derechos de los pueblos indígenas en Chile”.
La iniciativa abarca a los pueblos: Aymara, Rapa Nui, Atacameño o Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Mapuche, Kawésqar, Yagán y Selk’nam, alineándose con la Ley Indígena vigente y tratados internacionales, según se anuncio.
El mandatario destacó que la reforma no solo buscará ampliar protecciones legales, sino que también consagrar el principio de interculturalidad, fomentando el diálogo y respeto mutuo entre culturas. «Reconocemos la diversidad como riqueza nacional», afirmó Boric, subrayando que el proyecto recoge demandas históricas de organizaciones indígenas y cumple con compromisos pendientes desde el Acuerdo de Nueva Imperial (1989).
La propuesta se enmarca en las recomendaciones de la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, según se indicó, cuyo informe fue entregado en mayo.
Según el gobierno, la reforma integra derechos individuales y colectivos, garantizando su coherencia con la Constitución y estándares globales. «Es un paso hacia la reparación», añadió el Presidente, sin detallar plazos para su tramitación legislativa.
Llama la atención el momento del anuncio, a ocho meses del fin del gobierno, lo que ha generado dudas sobre su viabilidad. Hasta ahora, organizaciones indígenas no han emitido mayormente pronunciamientos públicos, posiblemente a la espera de analizar el texto definitivo. No obstante, el Ejecutivo insiste en que el proyecto sintetiza ideas discutidas en administraciones anteriores, independientes de su signo político.
Sin embargo, se advierte que su éxito dependerá del apoyo transversal en el Congreso, donde ya existen mociones similares estancadas.
El anuncio reactiva un debate postergado: Chile es uno de los pocos países de la región sin reconocimiento constitucional de sus pueblos originarios. Para el gobierno, esta reforma cierra una «deuda simbólica y jurídica». Sin embargo, críticos cuestionan su timing político y la falta de consulta previa a comunidades, pese a que Boric aseguró que el proyecto «recoge voces de años de diálogo».
Mientras se espera el detalle de la iniciativa, el foco estará en su articulado y en la capacidad de consensos ante un Legislativo dividido. El Ejecutivo confía en que, más allá de plazos, el proyecto sentará bases para futuras discusiones.
