Pese a la oposición de parlamentarios oficialistas, quienes acusaron al Gobierno de ceder la agenda ambiental a la derecha, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en su tercer y último trámite el proyecto de permisos sectoriales -más conocido como de permisología (Boletín 16.566),, quedando despachado como ley de la República.
La iniciativa, impulsada desde La Moneda,, forma parte de un paquete normativo que busca agilizar la aprobación de proyectos de inversión, reduciendo plazos y estándares de evaluación.
En concreto, busca reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de 380 permisos repartidos en 37 servicios públicos y 16 ministerios, bajo la promesa de «simplificar y modernizar los procesos sin comprometer los estándares regulatorios».
Desde el gobierno plantean que la simplificación y modernización de los procesos administrativos se llevará a cabo “sin reducir ni desregular los mecanismos de protección al medio ambiente y de las personas”.
En su más reciente cuenta pública, el presidente Gabriel Boric señaló que esta nueva legislación «por ningún motivo bajará los estándares regulatorios, porque estos existen para proteger a las personas y el medioambiente».
El término «permisología» ha sido promovido por sectores empresariales y el gobierno para referirse a los obstáculos burocráticos que, según ellos, frenan la inversión. Sin embargo, organizaciones ambientales y comunidades han denunciado que detrás de este discurso se esconde una peligrosa flexibilización de las normas, favoreciendo a industrias extractivas como la minería, forestales y, especialmente, la acuicultura salmonera.
Ante este escenario, durante la sesión, parlamentarios de la bancada del Partido Socialista (PS) hicieron reserva de constitucionalidad, con el fin de impugnar ante el Tribunal Constitucional aquellas normas que, a su juicio, amenazan el derecho a la salud y a vivir en un medioambiente libre de contaminación.
Los diputados del PS, Daniel Manouchehri, Daniella Cicardini, Emilia Nuyado y Daniel Melo, acusaron al gobierno de ceder la agenda ambiental a la derecha y actuar con una «verdadera desorientación ideológica».
“Lo que vimos en este proyecto es una verdadera desorientación ideológica del gobierno. Nosotros creemos que lo que hizo el ministro (Nicolás) Grau fue una negociación en donde le entregó todo a la derecha. Este proyecto probablemente no lo hubiese soñado aprobar la derecha, ni siquiera en sus gobiernos; se entiende poco lo que está haciendo el gobierno y fundamentalmente el Ministerio de Economía”, criticó Manouchehri.
El parlamentario por la Región de Coquimbo indicó que “después de esta línea de aprobación de proyectos, espero que el gobierno deje de asistir a todos los foros internacionales en donde va a hablar de las maravillas ecológicas que se han hecho en Chile, porque eso simplemente sería hablar mentiras.”
«Este proyecto nos hace pasar de lo que en algún minuto fue la promesa del Gobierno más medioambiental de la historia, más ecologista de la historia, al Gobierno en donde más se ha retrocedido en el cuidado del medioambiente en nuestra historia. Creemos que esto ha significado un deterioro en una serie de materias y es lamentable que esto además haya sido construido fundamentalmente con un acuerdo con la derecha», añadió, lamentando el despacho de la iniciativa.
«Este es un proyecto que es un retroceso. Evidentemente, todo el mundo cree que tienen que agilizarse los permisos, en que necesitamos más dinamismo en la economía. Eso es natural y obvio, que todos estamos de acuerdo con eso, pero no estamos de acuerdo con que una serie de permisos en este país, de situaciones que afectan la vida de las personas, de las comunidades, de su salud, sean simplemente con un permiso, con una declaración jurada de una empresa que dice: ‘mire, yo cumplo’ y eso basta», remarcó.
En la misma línea, la diputada Cicardini señaló que “está claro el diagnóstico que efectivamente hay una excesiva burocracia en la tramitación de ciertos proyectos desde lo público, con una una fragmentación en las autorizaciones en distintos sectores. Pero cuando hablamos de avanzar en la agilidad de estos trámites, jamás dijimos que esto tenía a costa lo que hemos defendido desde el primer minuto, que es un desarrollo que no atropelle los derechos de la gente ni tampoco el medio ambiente”.
“Lamentamos profundamente lo que ha sucedido y el tiempo nos dará la razón. Los proyectos futuros nos darán la razón sobre el llamado de atención que hicimos acá en el Congreso”, recalcó.
El diputado e integrante de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, Daniel Melo, lamentó el resultado de la votación y planteó que «hoy día es un mal día para Chile, un mal día para las futuras generaciones. El crecimiento y el desarrollo económico no se puede realizar a costa de la salud de las personas».
«El gobierno nos tiene acostumbrado en proyectos complejos sacar adelante una agenda con la derecha y la extrema derecha», afirmó, citado por El Mostrador.
«Solicitamos reserva de constitucionalidad en varios artículos porque creemos que afectan la salud, las personas y ponen en cuestión aquellos fundamentos que están en la Constitución. Creo que hoy día el gobierno ha avanzado en una lógica que implica vulnerar el principio de no regresión, por lo que esperamos que el TC analice esto y vamos a agotar las instancias para que este tipo de legislación no avance», expuso.
Por su parte, la diputada Emilia Nuyado también hizo reserva de constitucionalidad, argumentando que, a su juicio, el proyecto de permisos sectoriales va en contra de la ley indígena.
Para que una reserva de constitucionalidad presentada desde la Cámara de Diputados sea admitida ante el Tribunal Constitucional, deberá contar con respaldo de al menos un cuarto de los diputados en ejercicio, que en este caso correspondería a 39 parlamentarios.
De acuerdo con El Mostrador, organizaciones ambientalistas ya están en conversaciones con parlamentarios oficialistas para recabar las firmas necesarias y poder recurrir al TC.
Grau insiste en la «permisología»
Pese a las críticas de los diputados socialistas, el ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió la iniciativa y sostuvo que «este proyecto va a permitir reducir los tiempos de manera sustantiva, permitiendo una reducción de entre un 30% y un 70% en los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales, es decir, los permisos no ambientales, y haremos todo esto sin reducir el estándar regulatorio».
«Creemos que se puede ser más eficiente, actuar de forma más rápida como Estado, al mismo tiempo en que no se rebaja el estándar regulatorio. Nosotros siempre dijimos que era posible mejorar los tiempos, era posible avanzar de manera muy sostenida, sin por ello bajar los estándares regulatorios, y eso es lo que justamente se ha logrado hoy día y por eso estamos muy contentos», afirmó.
