La Corte Suprema dictó sentencia definitiva en la causa por el secuestro y homicidio de los profesores Hugolino Arias Navarrete (35), Víctor Gálvez Norambuena (21) y Nelson Medina Letelier (23), cometidos a partir del 1 de octubre de 1973 en la localidad de Linderos, comuna de Buin. La resolución marca un nuevo paso en la búsqueda de justicia por los crímenes de la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet.
Condena firme a exmilitar y sobreseimiento por demencia
La Segunda Sala Penal del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado integrante Eduardo Gandulfo– condenó al exoficial del Ejército Jorge Romero Campos a 15 años y un día de presidio mayor en su grado máximo como autor del delito de homicidio calificado de los tres docentes. Además, recibió una pena adicional de 3 años y un día como autor de los secuestros simples consumados.
En la misma resolución, el tribunal confirmó el sobreseimiento definitivo por demencia del también exoficial Alfonso Faúndez Norambuena, jefe de la Sección II de Inteligencia de la Escuela de Infantería de San Bernardo y posteriormente integrante de la DINA. En primera instancia había sido condenado por los mismos delitos, pero peritajes del Servicio Médico Legal y de expertos externos confirmaron su enajenación mental.
“Mártires del magisterio”
Para el abogado querellante Francisco Bustos, del Estudio Jurídico Caucoto Abogados, esta es una sentencia importante “porque pone término a un largo proceso y rechaza los recursos de la defensa, de modo que queda firme la condena a 18 años a uno de los autores”. Sin embargo, advirtió que la impunidad biológica impidió castigar a otros militares responsables, fallecidos o incapacitados.
Bustos recordó que “los profesores Hugolino Arias, Víctor Gálvez y Nelson Medina fueron secuestrados y asesinados precisamente cuando se restablecieron las clases en octubre de 1973. En ese sentido, son verdaderos mártires del magisterio”.
El jurista también expresó su preocupación por el actual clima político: “Todavía hay personas que justifican estos crímenes o el golpe, sin pensar en las consecuencias humanas que estos han tenido para nuestro país y sus familias”.
Crímenes cometidos en el regreso a clases
Según la investigación liderada por la ministra en visita extraordinaria para causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, los hechos ocurrieron en el marco del reinicio del año escolar tras el Golpe de Estado. El 1 de octubre de 1973, los profesores fueron detenidos sin orden judicial por Carabineros de Buin y entregados a una patrulla militar comandada por el capitán Víctor Raúl Pinto Pérez.
Los docentes fueron trasladados a la Escuela de Infantería de San Bernardo, en el cerro Chena, lugar que funcionó como campo de prisioneros bajo el mando de Romero Campos, Faúndez Norambuena y otros oficiales. Al día siguiente, el 2 de octubre, fueron ejecutados con múltiples disparos, sin pasar por ningún tribunal ni proceso legal.
Justicia tardía, pero justicia al fin
A más de cinco décadas de ocurridos los crímenes, la sentencia reafirma la responsabilidad del Estado y de sus agentes en la persecución de profesionales y trabajadores del ámbito educativo, que fueron blanco de la represión tras el Golpe.
Este fallo, aunque limitado por las condiciones de salud de uno de los implicados y la muerte de otros, representa un paso relevante para la memoria histórica y el reconocimiento del daño provocado al magisterio chileno.
