Una jueza del penal estatal de Chalco, en el Estado de México, decidió mantener la prisión preventiva contra Carlota N, una mujer de 73 años, y sus hijos Mariana y Eduardo, acusados de homicidio calificado y tentativa de homicidio. El caso ha desatado un debate sobre el derecho a la legítima defensa y la criminalización de quienes luchan por recuperar sus bienes ante el abandono institucional.
Los hechos ocurrieron el pasado 1 de abril en la unidad habitacional Ex Hacienda de Guadalupe, comunidad de La Candelaria Tlapala, donde Carlota y sus hijos intentaron recuperar una propiedad que, según sus declaraciones, les fue despojada. Durante el intento, dos hombres murieron y un menor de edad resultó herido por arma de fuego.
La jueza del caso amplió hasta octubre el periodo para el cierre de la investigación, permitiendo que la defensa reúna pruebas periciales y testimonios que respalden la versión de los imputados.
Pese a su edad y estado de salud —Carlota padece diabetes—, la jueza negó cambiar la medida cautelar de prisión preventiva por una domiciliaria, como solicitó su abogado, Jorge Karim Peralta. El defensor adelantó que insistirá en esta solicitud, señalando que la prisión preventiva en casos como el de Carlota viola principios de proporcionalidad y derechos humanos.
Durante la audiencia, Eduardo, hijo de Carlota, pidió permiso para visitar a su madre y hermana, a quienes no ha visto en más de un mes. La jueza aprobó la solicitud y se notificará al penal para que se permita el encuentro familiar.
En contraste con la situación de Carlota y su familia, las autoridades estatales informaron del reciente desalojo de siete viviendas invadidas en Ecatepec, como parte de un Operativo Interinstitucional en el que participaron más de 40 elementos de diversas corporaciones, incluyendo la Guardia Nacional y el Ejército.
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Sin embargo, el despliegue del Estado suele llegar tarde o de forma violenta cuando se trata de personas en situación vulnerable, dejando sin opciones a quienes ven cómo sus viviendas son tomadas o arrebatadas sin consecuencias para los responsables.
“Estamos afinando la solicitud para que se le permita a Carlota seguir el proceso desde su casa. Tiene derecho a ello por su edad y condición”, declaró su abogado, Jorge Karim Peralta.
Fotografía: Redes
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